Pero también con caídas de muchas otras empresas que cotizan en las bolsas. A la par de una pérdida adicional del tipo de cambio, con lo que el peso se convirtió ya en la moneda más depreciada del mundo frente al dólar
Cambiar las reglas tarifarias a las empresas aeroportuarias privadas de México de forma unilateral, sin consenso y de forma sorpresiva es una muestra de autoritarismo.
La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que está bajo el mando militar, cambió sin aviso previo las bases de regulación tarifaria establecidos en los títulos de concesión a los grupos aeroportuarios del Sureste, ASUR; del Centro Norte, OMA, y del Pacífico, GAP.
Son las mismas autoridades militares que ordenaron priorizar las actividades aéreas militares, incluido las del avión presidencial que sí existe, las de los mandos militares o la Guardia Nacional, sobre las operaciones civiles en los aeropuertos comerciales.
Son también esos militares incrustados en una institución civil los que de un plumazo decidieron limitar las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a 43 por hora, sin importar las consecuencias y en un afán de tratar de dar vida artificial al aeropuerto en el lejano municipio de Zumpango, en el Estado de México.
Y es esa misma autoridad militar de la AFAC la que, bajo instrucciones siempre de su comandante supremo, decidió reservar hasta el 2028 la información sobre los “estudios” que motivaron el decreto de López Obrador de limitar las operaciones del AICM.
Ayer vimos cómo esa decisión alevosa de cambiarle las reglas del juego a las empresas operadoras de aeropuertos provocó un desplome en los mercados bursátiles de los precios de las acciones del sector aeroportuario, con pérdidas de hasta 40 por ciento.
Pero también con caídas de muchas otras empresas que cotizan en las bolsas. A la par de una pérdida adicional del tipo de cambio, con lo que el peso se convirtió ya en la moneda más depreciada del mundo frente al dólar.
Esta acción directa es en contra de los grupos aeroportuarios, pero el mensaje es para todo el sector privado. Puede haber contratos, leyes, concesiones, pero si desde el poder se toma una decisión no importará lo que diga la letra escrita.
“No me vengan con que la ley es la ley”, es una de las más emblemáticas frases sexenales y en este tipo de acciones, como la emprendida en contra de los grupos operadores de aeropuertos, deja demostrado que eso es algo más que un exabrupto mañanero.
La obsesión presidencial con la aviación ha sacado la vena más antidemocrática del régimen, que incluso antes de asumir el poder, en el 2018, decidió cancelar la construcción del Aeropuerto Internacional de Texcoco y a partir de ahí una mala decisión ha llevado a otra y otra más, hasta el punto en el que hoy nos encontramos. Y todavía con casi un año más de gobierno por delante.
No es solo cancelar un aeropuerto y construir otro inviable a un costo descomunal, es tener que subsidiarlo, es obligar a las empresas a usarlo, es pagar con recursos públicos una aerolínea militar y poner bajo el mando castrense aeropuerto, aerolínea comercial y regulación aérea.
El populismo se nutre de enfrentar a las élites y de vivir en conflicto con los grupos opositores, pero el régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad, tiene más similitudes con una dictadura.
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