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México está en el punto de saber si perderá seis años de desarrollo o dos generaciones de desconfianza. Porque no es lo mismo un testamento político personal ante notario que violentar la estabilidad del país con cambios constitucionales.

Las políticas sexenales acaban con cada administración y cuando son equivocadas se pueden simplemente suspender y corregir.

Pero que un gobernante quiera plasmar su personalísima forma de pensar en la Constitución afectaría la confianza durante muchas décadas. Porque si bien se puede volver a cambiar la Carta Magna cada vez que cambie el gobierno, eso sería sinónimo de un país sin bases firmes para hacer planes e inversiones.

Hay dos reformas pretendidas por la 4T que se basan en una visión autocrática. La primera es la ya conocida contrarreforma energética, promovida por el gobierno con el mote de reforma eléctrica, y la otra es un pretendido cambio constitucional a las reglas electorales, con todo lo que ya hemos visto en los ataques al Instituto Nacional Electoral.

Los cambios al sector energético claramente ya se toparon con pared. No tanto un muro opositor muy débil que la 4T puede aun encontrar la manera de derribar, sino con una clara, abierta y muy cortés oposición del gobierno de Estados Unidos.

Tiene razón el canciller Marcelo Ebrard en que las diferencias entre la visión de Estados Unidos, los empresarios, los mercados, los ambientalistas, los congresistas, con la contrarreforma de López Obrador no van a generar una crisis con el vecino país del norte… en la medida en que la contrarreforma no avance como está.

La realidad es que la secretaria de Energía del gobierno de Joe Biden, Jennifer Granholm, salió encantada de la reunión con López Obrador, porque se llevó de regreso a Washington D.C. la promesa de revisar la lista de inquietudes de Estados Unidos que están plasmadas en el planteamiento de reforma constitucional.

No hay inocencia en el gobierno de La Casa Blanca y a la par que esta funcionaria deja el mensaje de que espera que sea real que esa reconsideración suceda, expone todos los daños a las inversiones, al medio ambiente y a la relación bilateral que podría provocar un empecinamiento de la 4T de seguir ese camino.

La oposición a la contrarreforma energética del presidente López Obrador es así de clara por parte del gobierno de Estados Unidos, pero también de los participantes del sector energético, de los expertos en esos temas y de los consumidores que sí entienden el tamaño del daño que provocaría el regresar a un esquema estatista y de uso de combustibles fósiles propio de mediados del siglo pasado.

Ya a estas alturas, con esa iniciativa de contrarreforma constitucional, con las reformas de leyes secundarias, con los decretos y las acciones arbitrarias contra las empresas privadas del sector energético ya hay un daño a la confianza y al desarrollo energético. Pero todo puede quedar en un daño sexenal.

México está perdiendo oportunidades de ser un líder en energías limpias, pero si se frena el cambio a la Constitución, habrá oportunidad de corregir el rumbo en poco tiempo y no perder dos generaciones por la desconfianza de que México es un país con una base legal tan manipulable.