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Hasta antes de esta semana parecía que la recuperación de este país, tras los efectos de este régimen, tendría que empezar por la reconstrucción de los caminos, las carreteras y las autopistas que fueron totalmente abandonadas ante un evidente desvío de los recursos para su mantenimiento.

Pero no, el eje central de una recomposición nacional empieza por reordenar los papeles la vida civil y la militar y eso se antoja como una tarea complicada, porque el día que se intente, habrá una lucha de poder movida por cientos de miles de millones de pesos presupuestales.

Ahora que el reciente decreto presidencial es que los soldados tapen los baches, parecería que hay una clara intención de generar un problema para después vender a los militares como la solución.

Y en el caso de las vías de comunicación terrestre de este país es evidente que nunca habían mostrado tal nivel de devastación como el que hoy tienen la mayoría.

Alcanza ya un grado criminal el estado que guardan muchos de los caminos del país, incluso aquellos que están bajo la tutela de Caminos y Puentes Federales, que son de peajes caros y que están en condiciones deplorables.

Autopistas que tienen grietas y baches en sus carriles, vías a las que les faltan tramos completos de las barreras y muros de contención, obras de ampliación inconclusas durante años, casetas de peaje ineficientes, todo por un evidente desvío de recursos hacia los gastos prioritarios del Presidente, hacia los presupuestos militares.

Y los caminos y carreteras federales de libre circulación han sido durante varios sexenios mal atendidos, pero ahora dejan ver claramente que hay un estrangulamiento presupuestal que deja ver el estado general de la infraestructura de este país.

Ya tiene tiempo que se descartó que en esta administración se invirtiera en carreteras útiles para el crecimiento, los recursos se los llevaron los proyectos que habitaban en la cabeza presidencial y que hoy confirman su calidad de elefantes blancos, construidos por el Ejército.

Pero más allá de esa política de usar los recursos presupuestales para nutrir proyectos carentes de estudios de viabilidad de todo tipo, se ha sacrificado mantener funcional lo que ya existía.

No se invierte lo suficiente en mantenimiento de la infraestructura y se relega la construcción de proyectos productivos y todo con un grave componente central, con el desplazamiento de los constructores privados, civiles, para militarizar todo lo que se ha podido.

No es sólo cuestión de que el Ejército tape baches, porque ahora sobran las máquinas que compraron para construir la refinería de Dos Bocas, es la violación del presupuesto aprobado por el Congreso que contempla la contratación de empresas privadas vía la Secretaría de Comunicaciones, es la pérdida de la experiencia acumulada de los ingenieros civiles, es dejar en el desamparo a miles de camineros que pierden sus empleos.

Entre las bombas de tiempo que dejará López Obrador al final de su mandato constitucional, se incluirán las finanzas públicas, el desmantelamiento de la asistencia social, la polarización política, pero también la militarización de la vida civil mexicana.