La política social se ha torcido de un modelo de servicios, como el Seguro Popular, a un esquema asistencialista de transferencias directas sin control y sin padrones confiables
La falta de recursos suficientes para proteger los sistemas informáticos del Ejército hizo posible que el grupo autodenominado Guacamaya sustrajera seis terabytes de información, que equivalen a 39 millones de páginas de documentos o un millón y medio de fotografías.
Vamos, no fue la filtración de un documento que demuestra el mal estado de salud del presidente de México, fue la vulneración más grave que ha sufrido la institución encargada de la seguridad de este país, ante la imposibilidad de contar con los sistemas necesarios, que existen, para proteger esa información.
Y la respuesta a este grave tema de seguridad nacional no está en una canción de Chico Che o en quemar, como siempre, al mensajero en leña verde. Está en seguir la equivocada ruta que han tomado los recursos públicos en el nombre de una supuesta transformación.
El desvío presupuestal hacia los gastos decididos por un solo hombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha provocado un austericidio, palabra que tendrá que incluirse en el diccionario como esta condición de dejar sin recursos a rubros de gasto prioritarios de todo un país.
Es evidente que la Secretaría de la Defensa Nacional no contó con el presupuesto necesario para la ciberseguridad y la protección de los datos más sensibles para la seguridad del país. Pero sí ha tenido que emplear una parte importante de sus asignaciones presupuestales para parchar su terminal aérea militar y crear el caprichoso aeropuerto Felipe Ángeles, o el Tren Maya, o el Banco del Bienestar, etcétera.
Hay recortes en el sector salud que, en un país plenamente democrático llegarían a tipificarse como delitos. No hay medicamentos, se acabó con las escuelas de tiempo completo. No hay dinero para la ciencia, no hay dinero para las guarderías.
La política social se ha torcido de un modelo de servicios, como el Seguro Popular, a un esquema asistencialista de transferencias directas sin control y sin padrones confiables.
El gasto en infraestructura se ha descarado en la asignación de cantidades descomunales para acabar los proyectos faraónicos del Presidente: el aeropuerto de Zumpango, el tren de la selva maya, la refinería de Tabasco. Todos hoy inconclusos y todos con los presupuestos originales rebasados.
Hay que ver en cambio cómo se deteriora la infraestructura existente. Ahí están las condiciones en las que opera el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cómo la autopista México-Cuernavaca opera llena de baches y cada vez con menos tramos de muros de contención, cómo están los salones de clases y las clínicas de salud.
Y en el gasto corriente el presidente López Obrador aplica lo que le ha dado en llamar la pobreza franciscana que no hace sino hacer más ineficiente la operación de las dependencias públicas y exponer a sus trabajadores a que no haya ni siquiera papel de baño en los sanitarios.
¿Quién puede dudar de lo obscenos que eran los derroches en el gobierno de Enrique Peña Nieto? Aunque tampoco es muy austero vivir en un palacio, con todo pagado, como lo hace López Obrador, quien prometió vivir en su domicilio particular.
Pero pasar de la opulencia a la evidente falta de recursos públicos para la operación fundamental de un gobierno de un país del tamaño de México implica un acto negligente.
De la opulencia a la negligencia
Consecuencia
Es evidente que la Secretaría de la Defensa Nacional no contó con el presupuesto necesario para la ciberseguridad y la protección de los datos más sensibles para la seguridad del país.
Transferencias
La política social se ha torcido de un modelo de servicios, como el Seguro Popular, a un esquema asistencialista de transferencias directas sin control y sin padrones confiables.
Gasto
En el gasto corriente el Presidente aplica lo que le ha dado en llamar la pobreza franciscana que no hace sino hacer más ineficiente la operación de las dependencias públicas.
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