El efecto doble sería por aval a una ley secundaria que contradice a la Constitución y por el mensaje de sumisión que quedaría del trabajo de la SCJN
Nada sería mejor para el país que hoy fuera un día normal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que los ministros desechan un proyecto claramente violatorio de los principios constitucionales, como el que elaboró la ministra Loretta Ortiz para validar las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que se oponen a la reforma constitucional del 2013.
La Suprema Corte ya ha tenido varios de esos días en los que los ministros deben discutir proyectos muy polémicos y claramente contrarios a derecho.
Como aquel que desde un artículo transitorio en una ley secundaria pretendía abrir la puerta a la reelección en México, empezando por el propio ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar. En una negativa rotunda los ministros cerraron la puerta a una aberración pretendida desde la 4T.
No es para nada exagerado decir que hoy mismo la Corte tiene en sus manos la estabilidad de los mercados, las finanzas del país, de la economía y de las relaciones bilaterales con Estados Unidos y el resto del mundo que mantenga una economía de mercado.
El proyecto de la ministra Ortiz Ahlf, además de ser poco conocido por la opinión pública, pretendería más hacer un trabajo legislativo que de evaluación de su constitucionalidad.
Hay una clara motivación política impulsada por el presidente López Obrador para regresar sus dotes de monopolio a la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, eso está prohibido claramente por la Constitución y no permite interpretaciones ideológicas, ni del Presidente ni de los ministros.
El camino correcto que debe seguir la 4T, si quiere privilegiar su visión ideológica, es la reversión de los cambios constitucionales, es el que está siguiendo actualmente con su contrarreforma constitucional en materia energética, que alcanza al sector eléctrico, pero también otras actividades energéticas.
La Constitución marca claramente la facultad presidencial de enviar una iniciativa en esos términos y si consigue la aprobación de tres cuartas partes del Congreso de la Unión y una mayoría de los congresos estatales, entonces se revierte esa reforma. Y será legal, aunque empresas, expertos, especialistas, académicos, gobiernos extranjeros y quien sea, se opongan a ello.
Pero no puede el máximo tribunal, un poder autónomo, poner en jaque a todo un país por una instrucción presidencial.
No es pues poca cosa lo que hoy se define en la Suprema Corte. De hecho, será algo más que un día en la oficina, porque si priva la cordura y se rechaza el proyecto, los ministros mandarán un poderoso mensaje de autonomía. Entonces, se tendrá que elaborar un nuevo proyecto, porque éste no es un caso juzgado.
Pero si se juntan los pocos votos suficientes para que prospere el proyecto de Ortiz Ahlf, el efecto será inmediato y muy negativo.
El efecto doble sería por aval a una ley secundaria que contradice a la Constitución y por el mensaje de sumisión que quedaría del trabajo de la SCJN.
Estaría garantizada la reacción negativa de los mercados y del gobierno de Estados Unidos, que inmediatamente iniciaría procesos legales en el marco de los acuerdos internacionales que tiene México.
Hoy, pues, es un día importante para la Suprema Corte y para el país.
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