¿El aumento a los mínimos es realmente una negociación?

¿Cuál es el método de negociación del régimen actual? Básicamente hacen saber a la contraparte cuáles son los deseos presidenciales y no esperan una respuesta diferente a un acatamiento, so pena de represalias para quien se niegue.

Esta semana hay una de esas negociaciones, una que debería tener un enfoque de viabilidad financiera, pero que en realidad sólo busca dar rentabilidad político-electoral a Andrés Manuel López Obrador.

A partir de este jueves inicia la negociación del incremento a los salarios mínimos para el próximo año y si bien la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) es un órgano complejo, donde participan representantes del gobierno federal y de las organizaciones sindicales y patronales, pero al final ocurre lo mismo que en prácticamente cualquier institución del Estado, la que cuenta es la decisión presidencial.

La Conasami y sus expertos pueden investigar el mercado, deliberar sobre las condiciones generales de la economía, pero, el único dato que cuenta es que el Presidente quiere un aumento en los salarios mínimos generales que le permita hacer campaña.

Los números para conseguir la voluntad de López Obrador son, la propuesta del sector empresarial de incrementar en 12.8%, al sector obrero le pidieron que defendiera un aumento de 25%, para que el bondadoso gobierno federal proponga un ni-tú-ni-yo de 20 por ciento.

Si el incremento que finalmente decida el gobierno de López Obrador no le gusta al sector empresarial, este régimen no tiene empacho en dejar fuera del pacto a los que pagan, a los patrones, como ya lo hizo López Obrador con los mínimos para el 2021.

No sólo dejó sin ningún tipo de respaldo a las empresas en plena crisis de pandemia, sino que además en esos momentos terribles impuso un aumento a los mínimos de 15%, muchas empresas quebraron.

Será López Obrador el que presuma como logro de gobierno el incremento acumulado del salario mínimo, dirá que fue de 100% en su sexenio, aunque las cuentas no cuadren, pero los que pagan los salarios son las empresas.

Y no se trata de redistribuir algo de las ganancias leoninas de las grandes transnacionales, como hablan en esos grupos políticos, sino de afectar a las microempresas del país que son las que realmente tienen ese tipo de carga salarial.

Uno de cada tres empleados de las microempresas formales del país gana un salario mínimo contra apenas 1.5% de los trabajadores de las empresas de mayor tamaño. Son casi seis y medio millones de trabajadores que, efectivamente, han tenido una mejoría en su ingreso que, todavía hoy resulta insuficiente para tener lo básico de lo básico.

Una aparente mejora salarial se diluye, y para todos los grupos salariales, si los incrementos no se respaldan en un aumento de la productividad. Más inflación y menos fuentes de empleo puede ser el resultado.

Si la siguiente administración no entiende rápido la diferencia entre realidad y populismo se puede generar una crisis importante en el mercado laboral.

La realidad es que un buen funcionamiento de la economía no es una preocupación del régimen, lo que importa es poder repetir hasta el cansancio que su 4T “funciona”, aunque se haga la voluntad presidencial en los bueyes de mi compadre.