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El PRI de Alejandro Moreno hace hoy creíble que este régimen tiene tiempo y oportunidad de continuar con su proceso de desmantelamiento institucional a través de meter las manos a la Constitución.

El propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presume que tiene un acuerdo político con el PRI “más allá de lo constitucional” (cuidado con la frase).

Antes de fracturar al dirigente priista, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ya había partido la integridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo mismo con la inclusión de incondicionales, que con ese ejercicio de disuasión que ya le caracteriza.

Digan lo que digan, hay una mancha en la historia de la Corte con aquella decisión del 7 de abril de este año, que, con una chicana y un mal conteo de votos, validó la aplicación de una ley secundaria en materia eléctrica que flagrantemente viola la Constitución.

Con ese movimiento, la Suprema Corte validó el trato preferencial que hoy recibe la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas y se pueden revocar los permisos de autoabastecimiento eléctrico. Vulneró esas y otras garantías a la inversión privada que dio la reforma constitucional del 2014.

Es esto lo que tiene a México al borde de un panel de solución de controversias con Estados Unidos que, si se establece, habrá de costar muy caro al país.

La llegada de Raquel Buenrostro y el cese fulminante de la gente que sí sabe y negociaba con sentido común ya es algo menor comparado con la puerta que abrió la Suprema Corte.

Ese era el camino trazado para otros cambios que este régimen pretendía pasar sin contar con mayoría calificada en el Congreso.

En la fila está el control de la Guardia Nacional por parte del Ejército que hoy está avalado por una ley secundaria que también viola la Constitución.

Y entonces llegó el PRI de Alejandro Moreno para abrir esa puerta que hace que el secretario de Gobernación, como fiel representante de los sentimientos presidenciales, se frote las manos ante los cambios que ya se imaginan.

En el primer lugar de su lista de prioridades está aniquilar la autonomía del árbitro y el juez electorales. Y van a por ello.

Pero esa enorme avenida que el PRI le brinda al régimen da para dinamitar prácticamente lo que sea.

Hay quien no cree posible que se atrevan a devastar más estructuras, como por ejemplo las Afore, a las que ya les puso nuevamente el ojo el Presidente por las minusvalías temporales, por la volatilidad de los mercados y que no pérdidas para los trabajadores.

Gracias al PRI de Alito hoy sí es posible creer que López Obrador buscará hacerse de los recursos de ahorro para el retiro de las cuentas individuales de los trabajadores para financiar sus proyectos de infraestructura y asistencialistas a través de la concentración de esos recursos.

El propio Presidente no ha tenido empacho en revelar ese deseo que tiene, lo que lo ha contenido es la falta de votos legislativos. Como esos que el PRI ya le dio para profundizar la militarización del país.