Es un hecho que una visión más sensata sobre las industrias energéticas en México podría detonar niveles de inversión no vistos hasta ahora en México. Hay que esperar
A este sexenio le quedan, dice la Constitución, 416 días y como 300 Mañaneras. En ese todavía largo camino habrá un proceso electoral que culminará en las elecciones federales más grandes de la historia el 2 de junio del próximo año.
Ese camino es difícil porque la ausencia de ideas propias y hasta de carisma por parte de quien resulte candidato o candidata del oficialismo a la presidencia será suplida por la participación del mejor candidato que haya tenido México en los tiempos recientes, pero que está impedido por la ley para hacerlo, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Es un hecho que la actividad de los grupos criminales se intensifica cuando hay relevos electorales, en ese intento de imponer a sus candidatos o sus exigencias entre aquellos que aspiran a los diferentes puestos de elección popular que en el 2024 no son pocos.
El próximo 2 de junio elegiremos, además del Presidente, 128 senadores, 500 diputados federales, 9 gubernaturas incluida la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 31 congresos locales, 1,580 ayuntamientos, 16 alcaldías de la capital y 24 juntas municipales.
La tensión político-electoral y la inseguridad son asuntos de mucha atención para aquellos que buscan establecerse en México. Hay atención en ello, pero hay algo más que sí resulta prioritario para tomar la decisión de aprovechar eso que llamamos familiarmente nearshoring.
Porque, aunque por arte de magia el Presidente empezara a portarse como Estadista y si se lograra contener a la delincuencia organizada, si no hay energía suficiente, confiable, estable y limpia, muchas empresas no van a optar por invertir en México.
Y no es por politiquería que se frenarán las inversiones por ello, son cálculos simples. Si no hay energéticos y electricidad suficientes para producir y exportar, no hay negocio viable.
Además, las empresas estadounidenses tienen un compromiso con el gobierno de su país de producir con crecientes flujos de energía limpia y México no alcanzará las metas a las que se comprometió, ni en cantidad ni en calidad.
Simplemente, con las modificaciones legales del 2021 que impulsó ese grupo que maneja la política energética, el gobierno inhibió las inversiones privadas en energías eólica y solar que habían hecho a México líder en ese sector durante el 2018.
Esas decisiones arbitrarias no sólo frenaron la viabilidad de contar con energía suficiente, limpia y renovable que pueda surtir a las industrias que quisieran relocalizarse, sino que, además, muestra que hace falta un capricho o el dominio de dogmas ideológicos para dejar en duda la certidumbre jurídica y regulatoria en México.
La gobernanza, con énfasis en la estabilidad política, la seguridad pública, la certeza jurídica, son, entre muchos otros, criterios fundamentales para la toma de decisiones de inversión. Pero la disponibilidad de energía es básica.
En ese calendario sexenal, muchos inversionistas están atentos a lo que tengan que decir al respecto aquellos que aspiran a gobernar el país a partir del 1 de octubre del 2024, en especial por parte del candidato o candidata del oficialismo.
Es un hecho que una visión más sensata sobre las industrias energéticas en México podría detonar niveles de inversión no vistos hasta ahora en México. Hay que esperar.
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