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Ya está a la vuelta de la esquina el súper martes electoral de Estados Unidos y el tipo de cambio lo sabe.

Pero eso no es todo lo que inquieta a la moneda mexicana, como referente de la condición de inestabilidad financiera actual, también hay una gran atención y preocupación por el futuro de la vida democrática del país representada en el desenlace de la contrarreforma al Poder Judicial.

Hay una crisis institucional en marcha desde la presentación del paquete de reformas constitucionales de López Obrador, en febrero pasado, y esa visión rupturista hoy goza de cabal salud, a pesar de enfrentar hoy todo el peso de las consecuencias de las malas decisiones del sexenio pasado.

Ahí está, por ejemplo, cómo se presume en Palacio, que Pemex y CFE vuelven a ser empresas públicas, después de perder su responsabilidad de buscar ser rentables, al tiempo que conocimos que la petrolera mexicana registró una pérdida histórica de 161,455 millones de pesos tan solo durante el tercer trimestre del 2024.

La manera de “festejar” el pésimo manejo de las empresas del sector energético durante el sexenio pasado es encerrarlas de nueva cuenta en la improductividad gubernamental.

Al mismo tiempo, ya se refrendó la sentencia de muerte a la autonomía en materia de transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI.

Esa ha sido la ruta de la continuidad, que claramente va en sentido contrario del México que pretendió ser abierto, democrático y globalizado, pero todo en los márgenes de la legalidad que se han construido, de una u otra forma, desde el régimen.

Pero a partir del martes de la próxima semana, del súper martes que viene, puede rebasarse una línea roja muy delgada cuando el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discuta el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propone en su sentencia invalidar de forma parcial algunos puntos de la contrarreforma judicial, como, por ejemplo, la elección de jueces y magistrados.

Hasta hoy en este país, las decisiones de la Suprema Corte son definitivas e inatacables, porque hasta hoy, hay constitucionalmente tres Poderes de la Unión que conservan su autonomía e independencia.

Un desacato a una resolución de la Suprema Corte sí daría paso a un escenario diferente y con consecuencias políticas y económicas también diferentes para México y eso será un tema relevante el próximo martes.

Tanto como poder conocer el nombre del siguiente Presidente de Estados Unidos, que también tiene consecuencias dependiendo del resultado.

No habrá para México comodidad ni con Harris ni con Trump, los dos tendrán que radicalizar su postura en los temas migratorios y de seguridad, además de los comerciales.

A ninguna de las dos administraciones habrían de gustarles los retrocesos estructurales de México, pero definitivamente no será lo mismo atender una negociación política seguramente dura con los demócratas a una explosión grosera del republicano.

Hay razones de sobra para estar atentos, y hasta tomar posiciones financieras defensivas, ante el peso de las noticias que vienen la próxima semana a partir del martes, del súper martes 5 de noviembre.