Las acusaciones que han cruzado el gobierno de Chihuahua y el gobierno federal, ciertas o falsas, son un muestrario cabal de algunos de los mayores males públicos de México. No sabemos qué tan sólidas son las acusaciones de corrupción y desvío de recursos públicos hacia las arcas del PRI, pero sabemos que desviar recursos fingiendo … Continued
Las acusaciones que han cruzado el gobierno de Chihuahua y el gobierno federal, ciertas o falsas, son un muestrario cabal de algunos de los mayores males públicos de México.
No sabemos qué tan sólidas son las acusaciones de corrupción y desvío de recursos públicos hacia las arcas del PRI, pero sabemos que desviar recursos fingiendo la entrega de contratos a empresas fantasma es un modus operandi estelar en el repertorio de trapacerías de la democracia mexicana.
No parece fundada la acusación de que el gobierno de Chihuahua mantuvo en condiciones de tortura carcelaria al acusado de la corruptela anterior, pero qué duda cabe de que la tortura en todas sus formas es una de las prácticas viciosas que no han podido ser erradicadas, pese a que fue precisamente el escándalo provocado por las torturas policiacas rutinarias lo que dio origen a la formación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 1990.
No sabemos cuánto hay de cierto en la acusación de que la PGR tenía detenido el proceso de petición de extradición del ex gobernador de Chihuahua César Duarte, responsable político de los desvíos investigados, pero qué duda cabe de que la Procuraduría actúa bajo criterios políticos y está más al servicio del gobierno y el Presidente en turno, que de la sociedad y la justicia.
No sabemos si es exacta la imputación de que Hacienda retuvo la entrega de dinero del gobierno de Chihuahua por haber éste iniciado la investigación del referido fraude, pero qué duda cabe de que Hacienda actúa con discrecionalidad y que tiene un poder sin contrapesos a la hora de decidir a quién castiga con retrasos y a quién premia con aceleraciones, para no hablar de a quién le manda a hacer una auditoría.
Por último, no sabemos si los 700 millones de pesos que reclama el gobierno de Chihuahua fueron retenidos de buena o mala fe, pero sabemos irrecusablemente que esos dineros corresponden a ampliaciones presupuestales que la Secretaría de Hacienda hace cada año, discrecionalmente también, violando implícitamente la ley de presupuesto que cada año le aprueba la Cámara de Diputados y a la que, en estricto rigor, debería ceñirse.
El muestrario de Chihuahua.
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