La verdadera tarea de la administración actual no es defender, o atacar, la narrativa del pasado, sino construir la certidumbre del futuro
En la medida en que el gobierno de Claudia Sheinbaum no se atreva a nombrar con todas sus letras la responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador en la situación actual de violencia e impunidad, no habrá manera de que puedan enderezar la narrativa.
El recurso de regresar 20 años atrás al sexenio de Felipe Calderón para explicar el asesinato de alto impacto del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, suena hueco hasta para sus propios seguidores.
En un país de hechos violentos cotidianos, este crimen revivió un sentimiento de indignación social que vuelve a poner atención en la realidad de un crimen organizado tan extendido en el país, y cómo la impunidad se pasea con fuero legislativo.
Esa percepción de fallas en la gobernanza no solo preocupa por los temas de popularidad o de preferencias electorales, tienen impacto económico-financiero.
Para la Secretaría de Hacienda la baja en la actividad económica, derivada de la falta de confianza, tiene solo que ver con asuntos comerciales por la política arancelaria de Donald Trump.
Pero para los analistas privados que consulta el Banco de México los principales factores que pueden frenar el crecimiento del país son internos: falta de seguridad pública, falta de Estado de derecho, corrupción, incertidumbre política e impunidad.
Sin que, claro, los aranceles y las ocurrencias de Donald Trump no sean uno de esos principales lastres.
Ya lo expresaba también ese grupo de 200 muy poderosos empresarios estadounidenses reunidos en la asociación Business Roundtable que ven riesgos desde la contrarreforma al Poder Judicial hasta aspectos operativos del T-MEC.
No ayuda que la noticia más destacada de México del fin de semana es otra vez un hecho violento, porque el asesinato de Carlos Manzo sí movió muchas cosas dentro y fuera del país.
De hecho, diferentes medios importantes de Estados Unidos han citado fuentes oficiales que aseguran que la administración de Trump ha iniciado la planeación de operaciones militares y de inteligencia en suelo mexicano en contra de las designadas organizaciones terroristas de narcotráfico.
Y es justamente esa designación la que le da cobijo legal a Trump para actuar en otros territorios ante lo que considera como una amenaza terrorista.
Hay definitivamente en México un cambio en la estrategia de enfrentar a algunos grupos criminales, no hay duda. Lo que no se ha modificado es la retórica lopezobradorista de “atender las causas” y responsabilizar a Felipe Calderón de todo acto violento del crimen en estos tiempos.
El mensaje de las empresas más valiosas de Estados Unidos es el mismo que el de los analistas que consulta el Banco de México, o el de los ciudadanos de a pie: sin Estado de derecho no hay estabilidad y crecimiento económico.
La inseguridad, la impunidad, visibles en crímenes como el de Uruapan, no son solo frenos sociales, sino riesgos sistémicos que elevan el costo de oportunidad, tanto para una empresa, como para una familia.
La verdadera tarea de la administración actual no es defender, o atacar, la narrativa del pasado, sino construir la certidumbre del futuro.
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