El proceso de liberación de los precios de las gasolinas era necesario, pero desde el principio fue mal implementado. Es muy difícil que se pueda socializar y que se logre un entendimiento generalizado que lo peor que le podía pasar al país era tener precios controlados y subsidiados porque eso costaba muy caro a las … Continued
El proceso de liberación de los precios de las gasolinas era necesario, pero desde el principio fue mal implementado.
Es muy difícil que se pueda socializar y que se logre un entendimiento generalizado que lo peor que le podía pasar al país era tener precios controlados y subsidiados porque eso costaba muy caro a las finanzas públicas.
Este país que vivió del espejismo petrolero durante tantos años, hizo de las gasolinas subsidiadas un derecho inherente a los mexicanos. Esto retrasó el proceso de apertura de ese mercado. Vamos, ya era libre el precio de las tortillas cuando las gasolinas de alto octanaje todavía mantenían subsidios.
El primer acercamiento a la apertura de los combustibles se dio en el 2016. El paquete económico de ese año planteó una apertura topada para evitar un disparo en los precios. Pero la mano del populismo en el Congreso se encargó de limitar este tope de aumento apenas a 3 por ciento. El gobierno federal lo permitió y ése fue un primer gran error.
Para el 2017 ya era inevitable el proceso de apertura, porque así lo marcaban los tiempos de la reforma energética. La mala suerte acompañó a la determinación de dejar a la oferta y la demanda los precios de las gasolinas Magna, Premium, el diesel y el gas licuado de petróleo. Por aquellos días de inicio del 2017 los precios de los energéticos subían en el mundo, tras muchos años de estancamiento.
Ya todos conocemos el impacto del gasolinazo en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Desde el golpe inflacionario, del que todavía no logramos salir, hasta el dulce platillo político servido a una oposición permanentemente en campaña.
El gobierno de Enrique Peña Nieto nunca pudo manejar adecuadamente la comunicación de esa decisión y se sumó a sus pasivos políticos con costos electorales.
Otra vez, va a ser muy difícil que se pueda dimensionar entre la mayoría de los ciudadanos que ésta fue una medida adecuada. Va a ser complicado entender que las gasolinas son una fuente de ingresos fiscales ante la ausencia de un esquema tributario adecuado. Siempre será la infeliz decisión del gobierno de Peña Nieto de castigar con un gasolinazo al pueblo bueno.
Lo que el gobierno entrante debería hacer con el gasolinazo de Peña Nieto, del que tanto beneficio electoral sacaron en las pasadas elecciones, sería archivar el expediente de su queja permanente y gozar de las mieles de la apertura del mercado.
Porque a partir del 1 de diciembre próximo, el gran beneficiado del gasolinazo será el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Ante los enormes planes de gasto que tiene la próxima administración y su decisión expresa de no modificar impuestos, esta fuente de ingresos es un salvavidas para el gobierno de López Obrador.
Regresar a un esquema de subsidios a las gasolinas, como lo prometió en campaña, sería un error de finanzas públicas terrible. Disminuir el poder recaudatorio de los combustibles también tendría algún impacto en las finanzas públicas.
Así que lo mejor que puede hacer el gobierno entrante es gozar de las mieles del enorme desgaste político que sufrió Peña Nieto con el gasolinazo y disfrutar de esa corrección estructural tan importante que se hizo al gasto público federal.
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