La sentencia del ministro Arturo Zaldívar exigiendo al Congreso que legisle sobre la publicidad oficial, y los miles de millones que gobiernos y autoridades dedican a anunciarse en los medios, ha consolidado las críticas, más que fundadas, a este viejo régimen de contubernio/ crítica/ venta/ alquiler/ matrimonio/ divorcio/ realismo/ esquizofrenia que rige las relaciones de … Continued
La sentencia del ministro Arturo Zaldívar exigiendo al Congreso que legisle sobre la publicidad oficial, y los miles de millones que gobiernos y autoridades dedican a anunciarse en los medios, ha consolidado las críticas, más que fundadas, a este viejo régimen de contubernio/ crítica/ venta/ alquiler/ matrimonio/ divorcio/ realismo/ esquizofrenia que rige las relaciones de los medios con el poder en México.
Es una sentencia bienvenida porque atiende la demanda de una voz articulada de la sociedad civil, y porque apunta a la necesidad de poner reglas claras en el reino de discrecionalidad que consiste, de parte del gobierno, en entregar rentas del Estado a los medios, y, de parte de los medios, en exigirlas y recibirlas.
Algo se ha ganado con los avances de la transparencia en esos gastos que permiten, a cualquier ciudadano empeñoso, saber con alguna precisión cuánto gastan oficialmente el gobierno federal y los gobiernos estatales en cada medio.
Pero hay mucho dinero no registrado y las reglas según las cuales se asignan los recursos que se registran son todo, menos transparentes. La cifra escandalosa a la que se ha llegado en ejercicio de esa transparencia es la más clara que se ha tenido nunca respecto del gasto publicitario del gobierno federal: un millón de pesos cada hora.
No hay una cifra así de redonda de lo que gastan los gobiernos estatales y los otros poderes del Estado.
Lo que pide la Suprema Corte, a través de la sentencia del ministro Zaldívar, es que el Congreso precise las reglas del gasto gubernamental en publicidad, en cumplimiento de los muy precisos mandatos del artículo 134 constitucional: “tener carácter institucional”, “fines educativos, informativos o de orientación social” y “en ningún caso” incluir “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
Es clara la resistencia que puede haber en el Congreso a legislar apegándose a estos mandatos constitucionales. Los usos y costumbres políticos en la materia los violan todos los días, particularmente en tiempos de competencia electoral.
Aún así, la sentencia de la Corte crea una oportunidad para pensar con seriedad y resolver con inteligencia el escándalo de la publicidad oficial.
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