Me cuentan que el principal problema para iniciar la reconstrucción en ciudades como Juchitán no ha sido la falta de recursos financieros, materiales o ingenieriles, sino la falta de certeza en la propiedad de las casas destruidas. La gente que habita esas casas no puede probar a cabalidad que el inmueble es suyo y el … Continued
Me cuentan que el principal problema para iniciar la reconstrucción en ciudades como Juchitán no ha sido la falta de recursos financieros, materiales o ingenieriles, sino la falta de certeza en la propiedad de las casas destruidas.
La gente que habita esas casas no puede probar a cabalidad que el inmueble es suyo y el ayuntamiento tarda meses en el trámite que lo identifica como de legítima posesión de los afectados.
Algo semejante sucede en delegaciones como Tláhuac e Iztapalapa, donde hay que añadir el hecho de que muchas viviendas están en zonas irregulares, bien porque son riesgosas en sí mismas, bien porque están en zonas protegidas ecológicamente o porque son asentamientos hechos sobre zonas ejidales, por ejemplo, que no han sido regularizados.
Es una vieja historia. La mitad del desarrollo urbano de la última década se ha dado como consecuencia de procesos de ocupación irregular que tardan años en ser regularizados.
En 2001, por ejemplo, 88 por ciento del crecimiento de la zona metropolitana de Ciudad de México se hizo sobre tierras ejidales y solo 12 por ciento sobre tierras de propiedad privada.
Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares de 2008, el 48 por ciento de las viviendas en el medio rural no tenían escritura, y 23 por ciento en el medio urbano. El total de viviendas sin escrituras en el país era de la tercera parte: 29 por ciento.
La pobreza multiplica estas cifras. En el mismo año 2008 había 6 millones y medio de personas en localidades de más de 2 mil 500 habitantes sin escrituras sobre su propiedad.
Habría que actualizar esos datos y actuar sobre ellos, para disminuirlos, porque la irregularidad en la posesión de la propia vivienda es el eje de lo que llamamos “pobreza patrimonial”.
No es que la gente no viva en una casa, sino que no puede acreditar que es parte de su patrimonio ni puede utilizarla legalmente como un bien para venderla, rentarla o mejorarla.
Hay una vieja evidencia urbanística de que las viviendas con escrituras son de mejor calidad y reciben mayor inversión de parte de sus propietarios, que las que están indocumentadas.
Escriturar la propiedad es enriquecer a las personas.
(Los datos de esta columna en el estudio de la Sedesol http://bit.ly/2E1gTY9)
Minuto a minuto
