El deterioro en el proceso de toma de decisiones

Hay un deterioro en el proceso de toma de decisiones en México, afirma la calificadora Moody’s en su reporte sobre la calificación de la deuda de México, fechado el 29 de abril. Este deterioro, afirman sus analistas, está llevando a políticas económicas que afectan los prospectos de inversión y limitan la habilidad del gobierno de responder a los shocks. No hay una descripción detallada por parte de Moody’s de esas inversiones afectadas ni tampoco de los shocks a los que somos más vulnerables. De cualquier modo, está claro que vivimos tiempos donde un cisne negro puede aparecer en cualquier momento. Para muestra está la pandemia, los incendios recientes como los de California y Australia y las protestas masivas que sacudieron a Chile y otros 20 países en 2019.

El análisis de la calificadora hace una valoración de algunas fortalezas de México. Es un breve documento, de tres cuartillas, que sirve para justificar porque deja la calificación de deuda soberana en el rango de grado de inversión y también sirve para explicar porque mantiene la perspectiva negativa sobre dicha calificación. Entre las fortalezas destaca la relación con Estados Unidos, que está en un momento de gran crecimiento económico; la disciplina fiscal y la resiliencia de los ingresos públicos. El récord de los funcionarios mexicanos en la elaboración de efectivas políticas fiscales y monetarias. Moody’s subraya el papel que juega el Banco de México en el refuerzo de la estabilidad macroeconómica.

¿Podrán las fortalezas compensar los negativos… ayudar a lidiar con los riesgos? En la descripción de estos riesgos menciona los medioambientales; los sociales y los relacionados con la gobernanza. Aquí es donde se refiere al deterioro en el proceso de toma de decisiones. No hay una explicación pormenorizada de lo que quieren decir cuando hablan de este deterioro. Es normal porque no es un análisis académico ni tampoco el trabajo de un profesor de Administración Pública.

Quizá no haga falta. El manejo de la pandemia puede servirnos como ventana para asomarnos a ese torbellino llamado la toma de decisiones en tiempos de la 4T. Está también todo lo que estamos viviendo en la era AMLO, donde destaca la tensión con la administración Biden; la aplicación radical de criterios de ahorro que equivalen a un austericidio; el ninguneo presidencial a los organismos empresariales y a los intelectuales que lo cuestionan; la confrontación del presidente con el INE y los órganos autónomos; iniciativas absurdas como el padrón de usuarios telefónicos y la sacudida al sector energético, donde literalmente se le pide al tiempo que vuelva.

Pemex y CFE jugando un papel parecido al que tenían en los años ochenta. Sin compromisos creíbles en materia de transición hacia las energías renovables y con reglas del juego que les permiten ser quasi monopolios para compensar sus ineficiencias.

La cereza del pastel de ese deterioro en la toma de decisiones es la propuesta para desaparecer los órganos autónomos. Es la culminación de un mes donde la Comisión Federal de Competencia Económica presentó un recurso contra la iniciativa de Ley Eléctrica y emitió fuertes críticas a la Ley de Hidrocarburos. Un mes en el que el Instituto Federal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se pronunció para advertir los riesgos del padrón de usuarios telefónicos y el Instituto Nacional Electoral “ganó” en el Tribunal la controversia en torno a las candidaturas de Felix Salgado, Raúl Morón.

El INE además consiguió que se respetará su criterio para limitar la sobrerrepresentación en el Congreso de parte de la coalición que gane las elecciones de junio próximo.

La lógica con la que se propone la desaparición de los órganos autónomos enfatiza dos líneas argumentales: no han servido al pueblo, sino a los poderosos y cuestan muchísimo dinero. No hay un análisis de lo que ha hecho cada organismo ni tampoco una valoración de lo que se perdería en caso de que desaparecieran. Estamos hablando de contrapesos necesarios en un Estado moderno; también de organismos superespecializados necesarios para tomar mejores decisiones en una sociedad compleja.

Todos y cada uno de esos organismos autónomos son mejorables. Tenemos derecho a exigir que funcionen mejor. Desaparecerlos contribuiría a la restauración de un régimen de presidencialismo que fracasó en el México del Siglo XX… y al deterioro en el proceso de toma de decisiones.