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El artículo 54, párrafo V, de la Constitución mexicana dice a la letra: “En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados… que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”.

Es la llamada cláusula de sobrerrepresentación. En la Cámara de Diputados de hoy, Morena tiene más diputados que los permitidos por la Constitución.

En las elecciones de 2018, Morena recibió oficialmente 37.25 por ciento de los votos emitidos, pero tiene 51 por ciento de las diputaciones, la mayoría absoluta.  Esto significa una sobrerrepresentación de 14 por ciento respecto de sus votos recibidos, 6 por ciento más que lo permitido por la Constitución.

Se trata de una mayoría absoluta literalmente anticonstitucional, pues el artículo constitucional dice, a la letra, repito: “En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados… que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”.

Lo mismo, pero peor, sucede con la sobrerrepresentación de la coalición ganadora de aquella elección, Juntos Haremos Historia. Es una coalición formada por tres partidos: Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social.

La coalición obtuvo 43.6  por ciento de los votos emitidos para la Cámara de Diputados, pero tiene 61.6 por ciento de las curules. Es una sobrerrepresentación de 18 por ciento respecto de sus votos recibidos, 10 por ciento más de lo que permite la Constitución. ¿Qué maromas dieron Morena y su coalición para alcanzar estas mayorías anticonstitucionales?  Es una historia de manipulación de leyes secundarias para violar la ley fundamental que trataré de describir mañana.

El hecho constitucional sigue siendo este: Morena por sí misma y su coalición, las dos, gozan de una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados que está prohibida por la Constitución. Otra vez: “En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados… que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”.

Las mayorías de Morena y Juntos Haremos Historia en la Cámara de Diputados son literalmente anticonstitucionales.