Detrás de PejeLeaks

Hace 13 meses ya había comenzado la marcha que llevó a Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional. El PRI había optado por un candidato ciudadano, aunque por la vía del dedazo —un insulto por partida doble a su militancia— y buscaba erigirlo como el rival del puntero en la carrera presidencial.

Ricardo Anaya fue el primer blanco de la campaña de desinformación, con las versiones sobre sus presuntos vínculos con el empresario Juan Manuel Barreiro —quien estuvo sujeto a una investigación federal por lavado de dinero— y una trama de negocios inmobiliarios que los habría enriquecido a ambos jóvenes queretanos.

Enseguida fue activada una página en internet: https://pejeleaks.org en la que comenzaron a divulgarse descubrimientos sobre el político tabasqueño, su familia —incluidos sus hermanos y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller— y sus colaboradores más cercanos.

El 18 de abril del 2018, tras de la aparición de la primera parte del texto titulado “Las propiedades ocultas de López Obrador y su familia”, la historiadora poblana acudió al juzgado 58° de lo civil para denunciar a los empresarios Francisco Javier Razo Tangassi y Manuel Garza Fernández, directivos de The Prowell Media Group, quienes estarían detrás de PejeLeaks, donde “me presentan ante la opinión pública como si hubiera realizado algún ilícito, con la intención de desprestigiarme públicamente”, según el escrito presentado ante el juez Agapito Campillo Castro.

El 9 de mayo, Julio Scherer Ibarra acudió al juzgado 5° de lo civil para promover otra demanda contra los presuntos dueños de PejeLeaks. Afectado por lo que consideró daño moral, el abogado Ibarra exigía como reparación —al igual que la esposa de AMLO— la publicación de la sentencia en los mismos medios y formatos donde fueron difundidos los reportajes, además del pago de una indemnización económica que sería donada a una institución de asistencia pública.

Dado que Garza y Razo negaron categóricamente cualquier relación con la publicación y el contenido de los artículos que mencionaban a los denostados y opusieron las mismas defensas al contestar la demanda de Scherer, por lo que el juzgador los emplazó a designar un representante común, el 19 de septiembre.

El 22 de agosto del 2018, el juez Campillo desechó la demanda interpuesta por la esposa de AMLO, por errores en el desahogo del juicio.

La carga de la prueba correspondía a los demandados, consideraron los abogados de Scherer, quien fue emplazado por Garza para presentar “confesional personalísima”, el 26 de octubre. Adicionalmente, los codemandados presentaron un dictamen en materia de informática forense a cargo del perito Omar Israel Medina. La parte actora hizo lo propio, con el dictamen de José Antonio García.

El juez citó a las partes a una audiencia, el 6 de diciembre del 2018, pero nunca se llevó a cabo, pues las partes entonces ya estaban en “pláticas conciliatorias”. La controversia de marras se dio por concluida, total y definitivamente, tras de que el juez quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX aceptara el convenio firmado por las partes ante el notario público 132, Joaquín Cáceres Jiménez O’Farrill, el pasado 11 de febrero.

“Es la voluntad de ambas partes dar por completamente concluido y finalizado el presente juicio, en el que se otorgan el finiquito más amplio que conforme a derecho corresponda, renunciando ambas partes a hacer cualquier tipo de reclamo ulterior”, dice el convenio. El juez validó la transacción y determinó el cierre de la instrucción, con efectos a partir del 19 de febrero.

Justo hace un año, PejeLeaks irrumpió en la política mexicana cobijada por otros esfuerzos —Nación 321 y oraculus.com están entre los más visibles— que más allá de ir en conquista de las audiencias, trataron de incidir en la contienda electoral con información rimbombante.

Desacompasados del calendario electoral, tuvieron intervalos de intensidad previos a los debates presidenciales. Aunque en el tramo final cedieron ante el uso malicioso de las redes sociales e inclusive a la explotación de datos personales para realizar push polls y campañas de denostación, sin que la autoridad electoral siquiera interviniera.

Entre el segundo y tercer debate —de acuerdo con la información recopilada por los equipos morenistas— hubo un intento de manipulación de la opinión pública que buscó desacreditar a AMLO. ¿Los promotores? Empresarios y políticos cercanos al candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña. Las primeras pesquisas ubicaron al exaspirante independiente, Armando Ríos Píter, el Jaguar.

En el 2019, con los morenistas en Palacio Nacional, hay un intento por diseñar medidas regulatorias específicamente para contextos digitales. Pero no sería a través de una legislación que prevenga y sancione el uso malicioso de las redes sociales, sino con los recursos del erario para la subvención de los medios digitales. Los contratos de publicidad quedarán condicionados a los “alcances” y las métricas, sin importar los estándares para la producción y diseminación de los contenidos. Menos, la generación automatizada de mensajes y la desinformación.

El pasado viernes 8, en La Paz, Baja California Sur, Lorenzo Córdova Vianello presumió la efectividad del modelo mexicano para atajar las fake news durante las campañas electorales. “Lo que decidimos en el 2018 exitosamente es combatir a la desinformación con información, y eso significa que los órganos electorales debemos que tener una vocación anticipatoria”, definió.

El otro modelo sería el francés, derivado de las reformas legales promovidas por el presidente Emmanuel Macron y aprobadas por la Asamblea nacional para imputar con cargos criminales a quien difunda una noticia falsa, quien la disemine y quien la replique, además del medio y la plataforma que participen en el entramado.

En esa misma línea, al menos 43 países han propuesto o implementado regulaciones específicamente diseñadas para inhibir las campañas de influencia, que incluyen amenazas reales y aparentes de noticias falsas, abuso de las redes sociales e interferencia en las elecciones.