Hace 10 días cerró la recepción de las solicitudes. Los primeros proyectos estarían enfocados a Guanajuato, San Luis Potosí y el Estado de México
Hace cinco meses fueron convocados por la oficina de asuntos internacionales del Departamento del Trabajo del gobierno de Estados Unidos, pero se atravesó la contingencia sanitaria. El llamado estuvo dirigido a instituciones académicas, ONG, asociaciones religiosas y organizaciones públicas de carácter internacional interesadas a sustentar proyectos de asistencia técnica a pequeñas y medianas empresas mexicanas integradas a la cadena de suministro de la industria automotriz.
Tales asesorías podrían extenderse hasta cuatro años y sumar hasta 3 millones de dólares, que deberán destinarse a mejorar las condiciones de trabajo en esas mipymes. La mayoría, instaladas en el corredor industrial del Bajío. Pero también hay manufacturas que reúnen esas características en el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Coahuila, Nuevo León y Sonora.
Con la entrada en vigor del nuevo T-MEC, el gobierno de Estados Unidos buscará incidir en los empresarios mexicanos dedicados a la fabricación de autopartes, incluidos los principales componentes y subcomponentes de un vehículo, que proveen a las plantas ensambladoras. Estas iniciativas buscan que los empresarios mexicanos adopten de manera proactiva las nuevas prácticas laborales, producto de la reforma sobre justicia laboral del 2017 y la subsecuente, del año pasado.
La sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje por los Centros de Conciliación y Registro Sindical, además de la instauración de las salas laborales dentro del Poder Judicial está alineada a los compromisos asumidos por el gobierno mexicano en el T-MEC. Igualmente, la reforma a la legislación secundaria y la adecuación de los regímenes de seguridad social, convalidadas por el sector empresarial.
El gobierno y los grandes empresarios están comprometidos en cumplir con la implementación de los nuevos requisitos laborales en el plazo pactado, que es de cuatro años. Mejorar las condiciones de trabajo en la cadena de suministro automotriz mexicana, en cambio, es una tarea inaplazable.
El ensamblaje de autopartes y vehículos en México emplea a más de 840,000 trabajadores de los cuales 21.5% son mujeres. De acuerdo con el INEGI, casi 9 de cada 10 de estos empleados trabajan en la elaboración de autopartes, pero ganan apenas la mitad de lo que obtienen los trabajadores del sector de ensamblaje de vehículos. Ese órgano autónomo también estima que 20.9% de la fuerza laboral en la industria automotriz mexicana está subcontratada, el mayor porcentaje de la fuerza laboral entre todos los subsectores de la industria manufacturera.
Justo entre los empleados de las mipymes dedicadas a la producción de autopartes es donde imperan las condiciones laborales más precarias del sector, especialmente en los niveles inferiores de la cadena de suministro, donde están concentrados la mayoría de los empleados del sector.
Recurrentes accidentes y riesgos a la salud, largas horas de trabajo, denuncias de acoso sexual, prácticas abusivas de subcontratación, son la realidad imperante, especialmente las denuncias de prácticas abusivas para socavar la libertad de asociación y permitir a los empleadores evitar el pago de la seguridad social, indemnizaciones por despido e impuestos.
Hace 10 días cerró la recepción de las solicitudes. Los primeros proyectos estarían enfocados a Guanajuato, San Luis Potosí y el Estado de México.
Efectos secundarios
SUSPICACIAS. El inicio del juicio contra el exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, deja más incertidumbre que claridad. En la causa penal por la adquisición de la planta de Agro Nitrogenados, información de primer nivel indicaría que los nuevos dueños están dispuestos a devolver 200 millones de dólares para resarcir el presunto sobreprecio pagado por la Federación a Altos Hornos de México. El problema es que los nuevos dueños nomás no aparecen, pues hasta el cierre del segundo semestre del 2020 no se ha producido ningún cambio en el consejo de administración de la empresa norteña, que Alonso Ancira Elizondo preside, no obstante estar sujeto a proceso en España, por su probable involucramiento en la entrega de sobornos a Lozoya. Públicamente, AHMSA mantiene su alianza de capitalización con el Grupo Villacero-Afirme, encabezado por el industrial regiomontano Julio Villarreal, quien podría convertirse en el nuevo presidente del consejo de administración de Altos Hornos, pero esta situación simplemente no ha ocurrido. Otro de los aspirantes a inyectar capital a la acerera mexicana era Paolo Rocca, propietario en México de las acereras Ternium y Tenaris y presidente del Grupo Techint, pero quedó fuera del proceso porque en Estados Unidos, Brasil y Argentina tiene abiertas investigaciones por casos de corrupción. Autoridades de Brasil informaron que investigan a Techint por dar sobornos, que pueden ascender a 15 millones de dólares, a funcionarios de ese país para construir una refinería en el estado de Bahía, un complejo petroquímico en Río de Janeiro y un gasoducto en esa misma ciudad, en alianza con la firma carioca Odebrecht. Los contratos fueron firmados entre 2007 y 2010 para ejecutar las obras posteriormente. En tanto, AHMSA acumula una deuda superior a 2,800 millones de dólares, impagables en las actuales condiciones de caída en sus ventas, con utilidades de operación y neta consolidada negativas en 3,899 millones y 4,217 millones de pesos, respectivamente, al segundo trimestre del 2020, como informó a la Bolsa.
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