En la medida en que no hay información suficiente entre la opinión pública de los alcances de esta intentona, suele haber un respaldo o rechazo en función de la propia popularidad presidencial, que es mayoritariamente positiva
En medio de las turbulencias financieras causadas por la inflación, las políticas monetarias y la eventual recesión, ¿puede haber otro tema no económico-financiero que pudiera ser más importante para anticipar la viabilidad futura de este país?
La respuesta es sí y es un asunto político, electoral y legislativo que va a marcar el destino de México, sobre todo si se concreta la intentona antidemocrática del régimen de acabar con los órganos electorales autónomos y minar la representatividad opositora en el Congreso.
No es exagerado decir que estamos en el proceso de tomar un camino hacia una ruta de difícil retorno o bien de mantener y defender los controles democráticos que permitan en el futuro rectificar muchas de las malas decisiones que la autollamada 4T ha tomado hasta hoy.
El intento abierto del presidente Andrés Manuel López Obrador es para hacerse del control de los órganos electorales, como una aduana previa para después poder controlar las elecciones y sus resultados.
No solo para garantizar un triunfo en las elecciones presidenciales, que constitucionalmente tienen que celebrarse en el 2024, sino para tener una mayoría absoluta en el Congreso que le permita redactar su propia Constitución.
Hay que entender con rapidez que esa es exactamente la ruta que han seguido otras naciones que han pasado de sistemas democráticos imperfectos a dictaduras destructivas.
En su momento sonó exagerado que se atreviera a cancelar un aeropuerto con 40% de avance, que tuviera la capacidad de echar para atrás la reforma energética aprobada por mayoría calificada y avalada por acuerdos internacionales como el T-MEC, que pudiera militarizar no solo la seguridad pública sino muchas áreas de la administración pública. Todo ello era impensable y hoy todo eso ya sucedió.
Fue con trampas, consultas amañadas, decretos, chicanas de la Suprema Corte y leyes secundarias modificadas en sentido contrario de la Constitución. Todo hoy funcionando tal como lo quiere el Presidente.
Son esos antecedentes los que hoy hacen ver como posible un golpe a la democracia como el que ya se discute en el Congreso. No son más que un puñado de diputados y senadores de la oposición los que necesita el régimen para destruir toda la construcción democrática que le ha costado al país tantas décadas.
Son expertos en propaganda y en perderse en discusiones vacías que esconden los verdaderos motivos de sus actos. Que si ganan mucho los consejeros electorales, que si esconden encuestas, que si es mejor tener menos legisladores. Una piel de oveja que, efectivamente, sus seguidores compran sin cuestionarse nada.
En la medida en que no hay información suficiente entre la opinión pública de los alcances de esta intentona, suele haber un respaldo o rechazo en función de la propia popularidad presidencial, que es mayoritariamente positiva.
Sin embargo, lo que se juegan los partidos políticos, incluso aquellos que han funcionado de satélites a la voluntad de López Obrador, es su propia supervivencia.
Y en el ámbito de los mercados, si empieza a prosperar la posibilidad de este retroceso en el Congreso, indudablemente habrá una reacción negativa de los inversionistas.
Vale la pena seguir de cerca la evolución de este intento de López Obrador, conocerlo, entenderlo y evaluar si hay que tomar posiciones financieras defensivas.
El régimen solo necesita un puñado de senadores y diputados de la oposición para destruir toda la construcción democrática que le ha costado al país tantas décadas.
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