¿De quién son los programas sociales?

En una reunión plenaria, 80 de los 253 diputados de Morena pidieron la renuncia de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, por su desatención y su mal trato.

Se quejaron: “Los delegados (de la Secretaría del Bienestar) no nos toman las llamadas por órdenes de la propia Montiel, porque se quiere dar a entender que estamos buscando un beneficio”.

Dijeron que en una reunión de la bancada con la secretaria, ésta se había mostrado “prepotente y grosera”, y les había dicho que “ella iba a decidir cuándo sí o cuándo no” podían usar los programas sociales.

Lo que le pedían a la secretaria los miembros inconformes de la bancada era poder ofrecerse como gestores de los dichosos programas en sus comunidades. La secretaria les habría dicho que no, y de ahí la molestia.

La presidenta Sheinbaum salió en defensa de su colaboradora. Dijo: “No es un asunto personal, estos son derechos del pueblo de México y así deben de tratarse. Por eso es muy estricta Ariadna en eso de que nadie esté pidiendo o agenciándose de manera personal un programa”.

Nadie, habría que agregar, salvo el gobierno federal.

Porque si algo ha hecho Ariadna Montiel como secretaria del Bienestar es garantizar que el gobierno use como propios los programas sociales y los clientelice. Deberían ser de todos, pero para efectos electorales y clientelares, sólo han sido del gobierno y de Morena.

Lo que descubrió la bancada morenista es que, para efectos de uso político, los programas sociales están restringidos también para Morena: sólo pueden usarlos quien diga el gobierno federal. Es decir, la secretaria. Es decir, la Presidenta.

Eso les dijo la señora Montiel: que sólo el gobierno federal decide a quién sí y a quién no se le prestan los programas sociales para hacer política con los recursos del Estado. Política ilegal, por cierto.

No sé ahora, pero en 2024 había 23 mil servidores de la nación que llevaban años cobrando en la Secretaría del Bienestar.

Recorrían el país como cuadros de Morena, ofreciéndose como intermediarios únicos para obtener los programas sociales del gobierno.

Supongo que a esto también le están poniendo un segundo piso.