De helicópteros y sablazos

De pronto se ha puesto la mirada mediática en el aire, literalmente hablando.

El Universal y Reforma publican hoy informaciones sobre el uso de helicópteros para campañas políticas y la transportación de funcionarios, tanto en Michoacán como en Nuevo León.

Todo a propósito de la denuncia que hizo un vecino de Bosque Real –a través de redes sociales- en contra del titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre la utilización del helicóptero de esa dependencia para el traslado de David Korenfeld y su familia hacia el aeropuerto internacional de la ciudad de México, como él mismo aceptó en su cuenta de Twitter y por lo cual pidió disculpas.

Reforma da a conocer que los helicópteros que posee el Gobierno de Nuevo León se dedican, principalmente, para transportar funcionarios y no para acciones de seguridad pública y protección civil, como se planteó al momento de las adquisiciones.

El Universal informa que para el inicio de la campaña de Silvano Aureoles, en Michoacán, los gobernadores Graco Ramírez, de Morelos, y Rogelio Ortega, de Guerrero, así como líderes y diputados federales del PRD llegaron a Zitácuaro en helicópteros, todos éstos son matrículas que inician en XA, de servicio público propio de los aerotaxis y las líneas comerciales.

Por cierto, baste recordar que en Morelos el exgobernador panista Sergio Estrada Cajigal (2000-2006) hizo famosa la historia del “helicóptero del amor”, una aeronave rentada por el gobierno de esa entidad para fines de seguridad pública pero que terminó siendo utilizada por el gobernante para paseos a sus novias o amigas, piloteado por él mismo.

El lazo común es que todo termina siendo pagado con recursos del erario, por más que el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, asegure que la renta de los helicópteros se cubre con las prerrogativas para los partidos políticos en tiempos electorales. O que en el caso de Nuevo León se argumenten motivos de seguridad personal de los funcionarios en sus traslados.

El caso del director de Conagua ha sido puesto en la mesa de discusión no sólo por el hecho mismo de la utilización del aparato aéreo que –en todo caso se podría subsanar con la aplicación de la Ley Federal de los Servidores Públicos al ser una falta administrativa no grave, aunque las razones que dio Korenfeld sobre los motivos del uso le complicaron su situación- sino porque el mismo ciudadano que hizo la denuncia en redes sociales lo enmarcó –o lo llevaron a enmarcarlo- en la discusión de la Ley Federal de Aguas y las imputaciones de que hay un proceso privatizador en torno al vital líquido.

El tema del uso de helicópteros para fines oficiales y/o personales, sean propiedad de gobierno o rentados, parte también de la falta de reglas suficientemente claras al respecto. No se trata de entrar en la reglamentitis y abundar en escritos que pueden convertirse en letra muerta, pero desafortunadamente, no cabe la suposición ni dejar al arbitrio las interpretaciones en un asunto que es cotidiano por el uso intensivo de aeronaves por parte de funcionarios y políticos, todo con cargo a recursos fiscales.

Como se expone en Redes de Poder de Reporte Índigo, el uso de helicópteros oficiales o rentados para fines personales es más que común. Y aquí no hay colores partidarios; todos tienen el mismo tamiz. En todo caso, existen situaciones más delicadas sobre las cuales el asunto de la utilización de aeronaves va más allá de la transportación.

Hace algunos años se documentó periodísticamente que existe una empresa propietaria de aeronaves que renta helicópteros a municipios. Esa compañía, según los registros de prensa, tiene entre sus socios al hijo del ex gobernador de Puebla, Melquiades Morales.

Pues bien, bajo matrícula XA, algunos de sus helicópteros son usados para vigilancia policiaca aérea pero no constante, sino haciendo sobrevuelos esporádicos de una y máximo hasta dos veces por día, pero no todos los días y descontados los fines de semana, aunque el cobro a los municipios es por renta mensual de varios ceros, como han denunciado grupos políticos en los municipios de Atizapán y Tlalnepantla.

El caso del “helicóptero del amor” –distinto al negocio de los Morales- es una prueba de este tipo de acuerdos. Durante la gestión de Estrada Cajigal se rentó el transporte aéreo para fines de seguridad y emergencias, con opción a compra. El actual gobernador, Graco Ramírez, denunció en su momento que el último pago de renta fue por cinco millones de pesos. Y más aún, afirmó que los gobiernos panistas sobrepagaron el precio total del helicóptero, por lo que en teoría, debería ser propiedad de la entidad y tener matrícula oficial. Pero no.

Hay un negocio redondo ahí en los arrendamientos.

El tema de los servicios aéreos para fines oficiales tiene muchas aristas, tanto a nivel federal como estatal y municipal. No sólo hay que poner el ojo en las reglas para los usos, sino también en los mecanismos de adquisición y contratación. Al final se trata, una vez más, de asuntos que obligan a reforzar los mecanismos de transparencia y la rendición de cuentas.

PostScriptum.- La denuncia fotográfica del vecino de Bosque Real, Ignacio Vizcaíno Tapia –propietario de las empresas Creswin y CresCloud de tecnologías de información-, a través de redes sociales sobre el uso del helicóptero de Conagua por parte de la familia de David Korenfeld, da cuenta una vez más de que en tiempos de los medios digitales nunca hay que subestimar el potencial de estos canales, pero tampoco sobre reaccionar.