La próxima administración no podrá evadir el dilema: mantener la etiqueta de “sostenible” mientras reduce el peso relativo de la deuda, o resignarse a que Veracruz siga figurando en la lista de los gigantes financieros
El sexenio de Cuitláhuac García Jiménez cerró con un dato que no admite matices: Veracruz se mantiene en el “top 10” de las entidades con mayor deuda pública subnacional del país. El Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2024 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documenta que, al cierre de 2024, el estado registró un pasivo de 48 mil 879.6 millones de pesos.
Según el mismo informe, diez entidades —Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Veracruz, Coahuila, Jalisco, Sonora, Baja California y Michoacán— concentraron el 75.7 por ciento del saldo total de la deuda pública subnacional. Estar en ese bloque implica compartir el escaparate de los mayores compromisos financieros del país.
Sin embargo, el dato duro convive con otro: conforme al Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda, Veracruz fue clasificado en 2024 con resultado “Sostenible”. En el desglose, obtuvo nivel “Bajo” en sostenibilidad y disponibilidad financiera a corto plazo, y “Medio” en capacidad de pago. Es decir, la deuda es alta en términos absolutos, pero los indicadores federales no la ubican en una zona de riesgo inmediato.
Ahí está el matiz político. No es lo mismo presumir estabilidad en los semáforos de Hacienda que explicar por qué el estado permanece entre los más endeudados del país. La sostenibilidad técnica no borra la percepción de carga financiera acumulada, ni el impacto que los pagos de deuda tienen sobre el margen de maniobra presupuestal.
En el ámbito municipal, el panorama también ofrece claroscuros. Veracruz reportó 201 municipios sujetos a medición: 193 en nivel “Sostenible”, 4 en “Observación” y 4 en incumplimiento. Además, el 2.0 por ciento presentó incumplimiento en la entrega de información a la Secretaría de Hacienda, dentro de la evaluación nacional de 692 municipios. No es un porcentaje alarmante, pero sí evidencia áreas donde la disciplina administrativa aún debe fortalecerse.
Un punto relevante es que, de acuerdo con el Registro Público Único, en 2024 Veracruz destinó el total de lo contratado a inversión pública productiva. Este dato importa: endeudarse para gasto corriente no es lo mismo que hacerlo para infraestructura. La pregunta obligada es si esa inversión generará crecimiento suficiente para que la deuda, aunque alta, sea verdaderamente sostenible en el mediano plazo.
El informe también menciona a Veracruz en el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, dentro de un bloque de 26 delegaciones que concentraron 950.5 millones de pesos y 103 mil 754 beneficiarios, sin detallar el monto específico por entidad. Es un recordatorio de que el debate financiero no ocurre en el vacío: detrás de las cifras hay políticas públicas y beneficiarios concretos.
La herencia financiera de un gobierno no se mide sólo por el tamaño del adeudo, sino por la calidad del gasto que lo acompañó y la capacidad de pago que dejó asegurada. Veracruz no está en rojo según los indicadores federales, pero tampoco puede celebrar estar entre los estados más endeudados.
La próxima administración no podrá evadir el dilema: mantener la etiqueta de “sostenible” mientras reduce el peso relativo de la deuda, o resignarse a que Veracruz siga figurando en la lista de los gigantes financieros.
Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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