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Hay que terminar con los jueces sin rostro y llamarlos por su nombre. Hay que dejar de ver al Poder Judicial como esa entidad incomprensible e intocable, porque ahí están muchas de las explicaciones de por qué este país no puede avanzar hacia un Estado de Derecho.

En este país donde sólo contaba la voluntad omnipotente del presidente en turno, no importaba cómo estaba conformado el Congreso de la Unión y mucho menos trascendente era adentrarse en ese otro poder que tiene la función constitucional de impartir justicia.

Cuando la figura del partido hegemónico se agotó, diputados y senadores empezaron a tener nombre, partido y apellido. Empezaron primero las muestras rupestres como las increpaciones o los histriónicos con máscara de cochino.

Después bloquearon presupuestos y reformas estructurales. Y más tarde empezaron a negociar y a dar paso a cambios como los recién logrados en materia de telecomunicaciones y energía.

El Congreso ganó un lugar y también la crítica pública que antes no tenían por ese anonimato que les daba ser una simple oficialía de partes del presidente.

¿Pero qué hay con ese otro poder que conforma la Federación y que está expresado en el Artículo 49 de la Constitución?

El Poder Judicial sigue en esa sombra, oculto del escrutinio de la sociedad. Quizá porque su constitución es mucho más compleja que los poderes Ejecutivo y Legislativo, quizá porque son precisamente los jueces los que hoy conservan ese halo de invulnerabilidad.

España vive una revolución estructural en materia de combate a la corrupción y de respeto al Estado de Derecho, en buena medida porque el protagonismo del juez Baltazar Garzón hizo populares a los jueces y porque hay una instancia anticorrupción que funciona. Y aquel juez que falte a su compromiso es procesado igual que cualquier presunto delincuente. Eso es la España de hoy.

Acá en México reflexione en cómo se presentan los hechos y cohechos del Poder Judicial: “Un juez” amparó a Rafael Caro Quintero, quien salió de la cárcel. “Un juez” concede un amparo al secuestrador de Silvia Vargas Escalera. “Un juez” ampara autos chocolate. “Un juez” permite, revoca, impide… etcétera.

Pregúntele a cualquier persona que tiene que enfrentar la dilación y la corrupción que hay en los tribunales familiares y civiles del Distrito Federal que retrasan su obligación de impartir justicia expedita quién es el responsable. ¡Sí, un juez!

No hay mejor protección y manto impune que el anonimato de ser autores de cualquier cantidad de aberraciones y ser simplemente señalado como “un juez”.

Usted conoce al implacable cobrador de impuestos Aristóteles Núñez. Bien, pues este duro jefe del Servicio de Administración Tributaria se siente inerme ante la actuación de los jueces que de manera irregular permiten la entrada de mercancías irregulares al país. Y lo que le queda es exhortar a los industriales para que soliciten la rendición de cuentas. No puede más.

Obviamente no son todos los impartidores de justicia, pero sí son muchas y constantes las historias de jueces que no están haciendo su trabajo, que son sospechosos de ser corruptos. Está claro que no hay los mecanismos suficientes para exigir cuentas desde la sociedad a un Poder Judicial que es indispensable para lograr el país que tanto anhelamos.