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La magistrada Mónica Soto, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que juzga “parciales” a cuatro ministros y les pide abstenerse de votar el proyecto que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena someterá mañana a consideración del pleno de Corte, padece la misma falta de imparcialidad que les reprocha.

“Se les está solicitando que se excusen de resolver este asunto”, dijo el lunes, porque “ya se pronunciaron” sobre la contradicción entre las suspensiones otorgadas por casi 500 jueces de amparo contra la reforma al Poder Judicial y las órdenes de suspender el proceso de selección de candidatos que desacataron los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Dice la magistrada que la titular del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, y los ministros Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo y el ponente Gutiérrez Ortiz Mena, “están impedidos” por haberse pronunciado en público sobre la reforma impuesta por el obradorato.

¿Por qué solo esos cuatro si todos los ministros han manifestado lo que piensan de la reforma en general y de algunos de sus aspectos más controversiales, tanto en contra como a favor, y lo hicieron desde que las mayorías legislativas del oficialismo realizaron los monólogos que llamaron “diálogos” antes de aprobar la destructiva iniciativa?

Al parecer, para la magistrada Soto no es imparcial quien se haya manifestado en contra y sí lo son quienes se han expresado a favor, pero lo que exige imparcialidad en un juzgador es la neutralidad.

Sorprende que proponga un acto de censura porque en 2019 (juicio laboral SUP-JLI-36/2018) un servidor público pretendió que Mónica se excusara de una votación por haber hecho declaraciones periodísticas. El pleno lo analizó y el quejoso fue bateado: la señora no tenía por qué excusarse y menos por haber declarado ante medios.

¿Prefiere la censura antes que litigar en serio?

La magistrada fue víctima de una intentona semejante cuando Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez, de acuerdo con el expediente de impedimento SUP-IMP-1-2019, solicitó que se abstuviera de conocer el juicio laboral SUP-JLI-36/2018, en el que el promovente impugnó su destitución como director del Secretariado del Instituto Nacional Electoral por una denuncia de supuesto “acoso sexual”.

El asunto fue discutido en el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero los otros magistrados determinaron, por mayoría, que no era posible hacer a un lado a Mónica por sus dichos en medios de información.

Qué triste que no tome en cuenta que a ella misma la quisieron hacer víctima de lo que ahora pretende: sacar de la jugada a ministros que se han expresado contra la destrucción de la división de poderes, y quizá peor aún que no se le ocurriera proponer lo mismo para las ministras “del pueblo” que apoyan con descaro al oficialismo y hacen abierta campaña para mantenerse en sus cargos…