La pregunta es de fondo: ¿puede haber desarrollo sostenible si la legalidad se negocia al capricho del poder?
Para atender a una clientela muy exigente y satisfacer los requerimientos de cuatro cabildos distintos, la empresa Aguakan ha invertido más de 5,500 millones de pesos para mantener la infraestructura hidráulica en la zona conurbada a Cancún, Quintana Roo.
Muy pronto, empero, ese consorcio privado podría verse obligado a desembolsar otros 6,000 millones de pesos, si la administración morenista encabezada por la gobernadora Mara Lezama Espinoza, concreta su ofensiva administrativa y aplica a la concesionaria sendos créditos fiscales —uno, por 3,750 millones de pesos correspondientes a 2019, y otros 2,500 millones por 2020— que no derivan de impuestos, sino de estimaciones hipotéticas sobre ganancias futuras.
Una interpretación fiscal creativa… pero peligrosa, promovida por el titular de Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Hugo Garza Sáenz. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa deberá resolver sobre el asunto, pero podría ser atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el fondo del asunto: los criterios sobre los límites de las autoridades locales frente a las concesiones.
Aguakan recibió la concesión hace 32 años y no obstante las dificultades recurrentes, se ha convertido en la compañía privada con más antigüedad en la prestación del ciclo completo de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. En el ecuador del contrato (que expira en 2053), la firma ha cumplido con un programa de inversiones en infraestructura, por 30,000 millones de pesos, a pesar de los constantes amagos de revertir la concesión, tanto de autoridades municipales como estatales.
El concesionario —DHC— emitió un bono en la Bolsa Mexicana de Valores por 1,650 millones para poder pagar la contraprestación única y mantener el alto nivel de inversión. Los inversionistas que adquirieron el fondo son en su mayoría afores y aseguradoras. Solo en los últimos 10 años, las inversiones superan los 5,500 millones de pesos en obras de modernización de redes, rehabilitación de pozos y ampliación de plantas de tratamiento. A ello se suman las contraprestaciones e impuestos que la empresa ha aportado al Estado, con un beneficio económico acumulado superior a 16,300 millones de pesos.
Aguakan gestiona y opera en cuatro municipios —Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos—, donde actualmente radica más de un millón de quintanarroenses. El resto de los municipios de la entidad es atendido por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.
El problema es mayor que una disputa contable. La CAPA se ha convertido en un foco de controversia: enfrenta acusaciones por corrupción, negligencia en obras hidráulicas y desvíos de recursos, incluyendo un episodio donde tres trabajadores perdieron la vida en trabajos de drenaje. Y mientras la paraestatal acumula escándalos, la empresa privada que sí invierte y mantiene el servicio enfrenta litigios promovidos por su propio regulador. La pregunta es de fondo: ¿puede haber desarrollo sostenible si la legalidad se negocia al capricho del poder?
Efectos secundarios
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