La renovación de los órganos autónomos también se ha visto afectada por los ajustes en el cronograma político en la Ciudad de México. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Perla Gómez Gallardo, buscó la ratificación en el cargo en vísperas de que expire su cuatrienio. En vez de eso, la Asamblea Legislativa convocó … Continued
La renovación de los órganos autónomos también se ha visto afectada por los ajustes en el cronograma político en la Ciudad de México. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Perla Gómez Gallardo, buscó la ratificación en el cargo en vísperas de que expire su cuatrienio. En vez de eso, la Asamblea Legislativa convocó a la elección del nuevo ombudsman capitalino y permitió su participación en el proceso junto con otros 11 candidatos.
Este martes comienza esta peculiar pasarela. Y el miércoles 17, Gómez Gallardo tendrá el último turno, de los cuatro aspirantes citados para ese día. Las entrevistas con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF tuvieron que ser reprogramadas luego del retraso propiciado por el sismo del 19 de septiembre.
En las comparecencias —según el acuerdo parlamentario— sólo podrán intervenir los “postulantes” y los diputados que deseen plantear preguntas, ya sea a título personal o por encargo del Comité Observador Ciudadano.
Gómez Gallardo acudirá a la cita bajo un pronóstico reservado. Hace cuatro años asumió el encargo impulsada por el entonces presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Manuel Granados Covarrubias, al que lo une un vínculo académico, ambos catedráticos y posgraduados en derecho por la UNAM.
Sincronizados, acordaron un mecanismo de asistencia técnica que permitiera desahogar las recomendaciones rezagadas y diluir la influencia del exombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza. Esa cercanía, paradójicamente, significó un distanciamiento del secretario de Gobierno, Héctor Serrano, que al final del camino debilitó al organismo.
Hace un año, la CDHDF atravesaba por un periodo de inestabilidad propiciado por el regreso de Álvarez Icaza a México, tras su estancia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un bloque de trabajadores y mandos medios leales a su causa habían sido detectados, pero la orden de proceder en su contra nunca llegó. Abrirles la puerta —correrlos— habría desequilibrado las precarias finanzas del organismo autónomo.
Hace seis meses, Gómez Gallardo reconocía las dificultades de su ratificación y sugirió a Granados Covarrubias —quien ahora es el coordinador jurídico de la CDMX— ser considerada para otros espacios que le permitieran trascender (sic) el 2018.
Justo hace un año comenzó un sigiloso reajuste administrativo que minó aún más las capacidades de la titular de la CDHDF quien pidió al director de administración y finanzas y a los responsables del área de comunicación social que dejaran sus cargos. Gómez Gallardo protestó porque le quitaban dos áreas de apoyo “fundamentales” para el proyecto de su reelección y pidió autorización para proceder a acciones concretas que legitimaran sus aspiraciones, de acuerdo con excolaboradores suyos.
El apoyo que buscaba en el Palacio del Ayuntamiento, sostienen, recibió una reprimenda como respuesta, por haber incluido a Clara Isabel González Barba y Gabriel Santiago López en su equipo de trabajo, cuando ambos tenían abiertos procesos administrativos. En el caso del director jurídico de la CDHDF —“mi brazo derecho… tiene toda mi confianza”— Gómez Granados fue inflexible y prometió respaldarlo hasta el final.
Hace cinco meses, la titular de la CDHDF nuevamente se quejaba de intromisiones, ahora del presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Leonel Luna, quien le habría exigido —en el cumplimiento de los usos y costumbres de los gobiernos perredistas— posiciones dentro del organismo. La autonomía, describiría, sirve para nada y para lo mismo…
Gómez Gallardo —de acuerdo con las fuentes consultadas— habría condicionado atender tales peticiones al respaldo de su nominación y a una ampliación presupuestal.
A principios de junio, comenzó a percibir señales de que no recibiría el respaldo al mismo tiempo que en el Palacio del Ayuntamiento comenzaba a escucharse el nombre de Clara Jusidman, presidenta de Incide Social, como su más probable relevo, debido al respaldo de las ONG y su cercanía con Cuauhtémoc Cárdenas.
“No es confiable, no se compromete y no tiene habilidades técnicas”, reviraron en el entorno de la actual presidenta de la CDHDF, quien además del veto de los asambleístas de Morena enfrenta la oposición abierta de un grupo de académicos y activistas que públicamente le pidieron que se abstuviera de buscar la reelección.
Nadie duda de la tozudez de Gómez Gallardo, quien ha decidido ir hasta el final. Morena respaldaría al abogado Alfredo Rojas Díaz-Durán y un sector del PRD, al comisionado presidente del InfoDF, Mucio Hernández Guerrero; mientras que las organizaciones estarían a favor de Nashieli Ramírez y Olga Noriega. En el gobierno federal, las opiniones más favorables son para Hilda Téllez Lino y Luis Javier Vaquero.
EFECTOS SECUNDARIOS
¿REINCIDENTES? A seis meses de haber sido sancionada, sigilosamente la empresa Integradores de Tecnología está de regreso en el padrón de proveedores del gobierno federal. En julio del 2016, la Unidad de Responsabilidades de Pemex inhabilitó a esta empresa —filial de Grupo Altavista— por un plazo de ocho meses y 15 días, por lo que solicitó al resto de dependencias de la administración federal abstenerse de recibir propuestas o celebrar contratos con esa entidad. Y bajo la lupa está el cumplimiento del contrato bianual 4600026026 otorgado en una invitación restringida por Pemex Transformación por la friolera de ¡1,054 millones de dólares! El monto en pesos es 16,124 millones 377,942 pesos.
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