Contento porque el Tribunal Electoral resolvió que la pepena de firmas para la consulta de revocación de mandato sea también en papel y no solo en aplicaciones electrónicas, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, celebró: “Triunfó el derecho de participación del pueblo” porque aquella instancia del Poder Judicial “le corrigió la plana al INE (…) Los derechos son para todos, sin excluir a nadie”.

Astuto, omitió que el fallo incluye que López Obrador viola la ley si continúa, como pese a la advertencia lo hizo ayer, promoviendo la consulta. El Presidente hablaba de los borradores de unos discursos cuando, sin que se le preguntara, soltó: “También aprovecho, porque creo que lo puedo hacer, no lo van a prohibir, pero hay que participar en la revocación del mandato. Todo el pueblo.

¿Sí puedo decirlo? Sí. ¿No puedo…? Que todos participemos en la revocación del mandato, es sí o no, sí o no. Sí, que continúe el presidente; no, que renuncie. Y que todos participemos porque los conservadores son demócratas cuando les conviene (…) Es un buen ejercicio porque no sólo es aplicarlo ahora en marzo, sino ya quedó establecido en la Constitución, hacia adelante se va a tener que estar aplicando cada tres años, se le va a preguntar al pueblo, que es el soberano, que es el que manda: ‘¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie?’. Eso permite que el pueblo tenga siempre las riendas del poder en sus manos (y) el derecho de cambiar la forma de su gobierno (…). Si consideran que hay muchísima corrupción (…), ¿para qué aguantar un presidente corrupto? Para fuera, a Palenque…”.

La prohibición es de un tribunal constitucional cuyas decisiones no admiten apelación (ni ante la Suprema Corte de Justicia).

Desacatar constituye un delito, pero es inimaginable que al Presidente lo vayan a “castigar”.

En realidad, de no ser que López Obrador publicite la consulta, conseguir casi tres millones de firmas que avalen la solicitud (dos millones 758 mil 227 exactamente) será muy dificultoso y mucho más improbable animar al 40 por ciento de los electores (37 millones 439 mil 23 ciudadanos del total de 93 millones 597 mil 559 de la lista nominal del INE) a que acuda a las mesas de votación (57 mil 124 se instalarán en todo el país y que serán operadas por algo menos de 300 mil funcionarios).

Atarantado por sus disputas internas y precipitados acomodos con miras a la sucesión presidencial, el partido de AMLO poco entusiasma “al pueblo” para participar en una consulta que paradójicamente y por mandato de ley, se diseñó para opinar si el mandatario debe o no ser separado (constitucionalmente no puede “renunciar”) del cargo y no, como tramposamente se propala, para ratificarlo.

Lo contento que se ve a Delgado no es por las firmas en papel cuyo cotejo por el INE pone en riesgo la fecha prevista del 27 de marzo, sino porque bien sabe que la prohibición judicial a que AMLO promueva la consulta es una simple llamada a misa.