Pandemia por coronavirus (Cobertura especial)

Un gran respiro

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Carlos MarínEl asalto a la razón

Mienten quienes aducen que el impedimento se dio por el monto de dinero que su partido y ellos manejaron y negaron. La causa medular fue su comportamiento deliberadamente marrullero y turbio

Ariesgo de ser anatemizados por los enemigos de la legalidad, la independencia y la autonomía de las instituciones del Estado que han padecido el asedio sin tregua de la 4T, seis de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validaron la cancelación de la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero y, por cinco votos a dos, la de Michoacán, confirmando implícitamente la respetabilidad del Instituto Nacional Electoral y rescatando así la honorabilidad de la instancia constitucional extraviada por el sectarismo de su titular. Y más: anuló la sobrerrepresentación de Diputados.

De manera pedestre, los simpatizantes de la barbarie arguyen que Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco fueron castigados por no presentar un triste informe burocrático de gastos ínfimos, cuando lo cierto es que mintieron con la patraña de que nunca fueron precandidatos, realizaron gastos para su promoción, fueron renuentes a la rendición de cuentas, le mintieron a la autoridad, en suma: se burlaron de la ley.

Mienten quienes aducen que el impedimento se dio por el monto de dinero que su partido y ellos manejaron y negaron. La causa medular fue su comportamiento deliberadamente marrullero y turbio.

Quienes, como el chairizado magistrado presidente del Tribunal (José Luis Vargas Valdez), creen que la sanción del INE era “desproporcionada”, debieran reparar en lo grave de las consecuencias que puede acarrear la violación de la ley, así como lo necesario de que se aplique con rigor en casos de infracción patente, sobre todo cuando se demuestra dolo (Al Capone no fue procesado por los muchos asesinatos y otros crímenes que cometió y pudieron conducirlo a la silla eléctrica, sino condenado a solo 11 años de encierro por evadir impuestos).

Como argumentó la magistrada Janine Otálora, lo que se pretendió sin éxito con los ex candidatos fue determinar el origen de los recursos.

Ayer también, y por unanimidad, los siete consejeros del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvieron presentar ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra el nuevo Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil en la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que ha generado amparos para proteger el derecho a la privacidad de los usuarios.

Con la degradación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su conversión a una sumisa oficina del gobierno; con la embestida contra las demás instituciones autónomas del Estado; con la asignatura pendiente en la Suprema Corte para saber si el Poder Ejecutivo consigue capturar al Judicial; con el Congreso avasallado por una mayoría prepotente, bravucona y muy nerviosa frente a las elecciones que se avecinan; con la amenaza de montarles “juicio político” a los consejeros del INE Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, lo resuelto ayer por el Tribunal y el INAI es un jubiloso triunfo de la constitucionalidad republicana y la invaluable, pero vulnerable, democracia mexicana.

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