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Tomadas como “evidencias” las declaraciones de sanguinarios delincuentes confesos contra Genaro García Luna sin exhibición de una sola prueba que soportara sus dichos, el juez Brian Cogan pidió al jurado sentenciar según lo que sus integrantes creyeran.

Los doce asumieron como cierto lo que escucharon en las audiencias y su veredicto ha sido rotundo y fulminante: “culpable” de cinco cargos: cuatro por conspiración para narcotraficar y uno por haber negado ante la autoridad ser malhechor.

Tal decisión se traducirá en una muy probable condena de por vida… o varias, de acuerdo con la eufemística “justicia” estadunidense (no es raro que se impongan más de una cadena perpetua y de pilón un ilusorio número de años adicionales).

Aun con sus fallas, ineficiencias y deficiencias, algo así es impensable que ocurriera en algún juzgado mexicano, donde la decisión de primera instancia (como lo de García Luna) no la toma un “jurado popular” sino un juez o jueza.

Sin embargo, el beneficio de la duda es de doble sentido y quizá García Luna sea responsable de los delitos por los que fue acusado, aunque la fiscalía no haya demostrado lo que dijo tener: 500 horas de grabaciones, videos, fotografías, registros electrónicos y ni siquiera estados bancarios o el paradero de los 274 millones de dólares que los declarantes dijeron haberle dado entre todos.

A diferencia de los juicios por homicidio en documentales televisivos de sucesos reales, en los que suelen detallarse las pruebas que llevan al jurado a emitir sentencias y en los que pese a todo, en muchos casos, se impone la canija duda razonable y no se llega a una decisión unánime, en el de García Luna únicamente se conocieron versiones, testimonios de oídas e historias disparatadas e inconcebibles (como la del “secuestro” que jamás ocurrió).

Para intentar comprender lo sucedido conviene tomar en cuenta que los miembros de un jurado son personas comunes y corrientes (trabajadores de la construcción, profesoras, abogados, enfermeras, amas de casa, meseros, taxistas, doctores, jardineros), seleccionados por insaculación, y que en este caso fueron como 400 los convocados y 12 los escogidos (más seis de reserva por si alguno de planta causara baja por cualquier motivo).

Otros factores a considerar son la educación escolar y la formación religiosa (en casi la mitad de las escuelas de nivel básico está proscrita la enseñanza de la teoría de la evolución).

Al jurado se le pidió sentenciar de acuerdo con lo que sus integrantes creyeran y eso exactamente es lo que hicieron, atenidos a la buena fe de los testigos cooperantes y a la fe de cada uno de los 12 en lo que se dijo en el tribunal.

Con la misma credibilidad en virtuales tacos de lengua, en EU habrían juzgado “culpables” al ex secretario de la Defensa Juan Arévalo Gardoqui y al ex titular de Gobernación Manuel Bartlett Díaz por el caso Camarena, y a divisionarios intachables como Tomás Ángeles Dauahare o Salvador Cienfuegos…