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El domingo en Tamaulipas, madres buscadoras de la organización Amor por los desaparecidos descubrieron centenares de restos humanos en un predio más de los incontables que han hecho de México la fosa nostra.

Ayer se manifestaron en Reynosa y marcharon al puente internacional exigiendo una imposible: justicia porque, cuando reina la impunidad (más del 97 por ciento de crímenes de todo tipo no se resuelven), es impensable que las autoridades estatales y federales realicen la búsqueda que, por la ineficacia de las fiscalías, hacen los deudos exponiéndose, como ha ocurrido, a ser atacados por la delincuencia organizada. Y además, que con los despojos identifiquen a las víctimas; que investiguen cada caso; que atrapen a los asesinos; que éstos sean castigados y se intente la ilusoria “reparación del daño”.

Este lunes también, colectivos de buscadoras de distintas entidades se manifestaron en la Plaza de la Constitución para exigir, una vez más sin éxito, que el presidente López Obrador los escuchara porque quieren ejercer su “derecho de réplica”, ya que rechazan los mágicos resultados del “censo de desaparecidos casa por casa” que convierten 110 mil en solo 12 mil desapariciones.

Decenas de madres, hijos, hijas, padres, esposas, maridos y amigos de mujeres y hombres desaparecidos lamentaron que se haya habilitado “a ignorantes e insensibles” al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Especial de Atención a Víctimas, por considerar que desconocen la problemática que enfrentan los familiares.

La reducción, dijeron, es fraudulenta y persigue “fines electorales”.

AMLO no los vuelvas a desaparecer, fue una de las demandas.

Y exigieron al presidente se disculpe por decir que los colectivos son “una simulación”.

La desconfianza en la nueva cifra tiene sustento, ya que el censo fue realizado por los aproximadamente 20 mil promotores del voto para Morena contratados por la Secretaría federal de Bienestar y convertidos en “servidores de la nación” para el reparto de los apoyos sociales.

Camelia Muñoz (socióloga, reportera desde 1990) publica en adondevanlosdesaparecidos.org un reportaje con el testimonio de María Elena Salazar Zamora, en el que se retrata la desastrosa gestión gubernamental:

“No recuerda qué día de octubre tocaron a su puerta los servidores de la nación para preguntarle si su hijo desaparecido desde 2009 en Torreón, Hugo Marcelino González Salazar, había regresado a casa (…). Para la madre buscadora, la visita reveló que no existe coordinación entre las autoridades para saber qué indagatorias siguen abiertas, y que además no están buscando a su hijo, que tenía 24 años cuando salió a buscar trabajo y ya no regresó”.

Retomando lo dicho por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde (quien “por cuestión de agenda” tampoco recibió ayer a las buscadoras), en el sentido de que 16 mil 681 ya fueron localizados y 17 mil 843 “ubicados”, si de verdad han aparecido, como gritaron en el Zócalo: “¡Que nos los traigan ya…!”.