La obsesión de Andrés Manuel López Obrador por la austeridad “republicana” o “juarista” en el servicio público lo llevó a imponer la injusta idea que aventuró uno de sus más detestados predecesores, Felipe Calderón: que ningún trabajador del Estado gane más que el presidente de la República, y desde el inicio de su gestión se fijó una paga mensual de 108 mil pesos.

Aunque nunca ha dicho de dónde se le ocurrió tal cantidad, supongo que se inspiró en el número de costuras de la pelota profesional del beisbol.

La mayoría de servidores públicos que ganaban más de 108 mil pesos apechugó la disminución sin chistar, como era su derecho (las percepciones laborales no pueden rebajarse), pero hubo quienes litigaron la medida y ganan más que el Presidente.

El debatible principio en que se basa el tope salarial entraña que nadie tiene mayores responsabilidades ni trabaja más que el jefe del Poder Ejecutivo Federal. Alguna vez le dije a Calderón que, más allá de horas trabajadas y amplitud de las obligaciones, abundan servidores públicos que merecen cobrar más que un presidente.

Ejemplifiqué con secretarios y otros funcionarios de seguridad que viven de milagro en regiones donde la inseguridad, los atentados, los levantones, la tortura, los asesinatos y los descuartizamientos estaban, como ahora peor, a la orden del día, mientras a un presidente lo cuidan las fuerzas armadas y no tiene que gastar en telefonía, casa, gasolina, ropa, luz, chicles ni calzones.

El tema viene al caso porque AMLO amenazó con balconear los ingresos de otros empleados de la sociedad y ordenó al vulnerable procurador del consumidor, Ricardo Sheffield, inaugurar el espectáculo quién es quién en los sueldos.

“Se tiene que auditar y cuidar el dinero del presupuesto, aunque se trate de organismos autónomos (…) que se crearon a partir del periodo neoliberal, que surgieron como hongos (…) para la defensa de intereses creados”, dijo antier.

(Basta reparar en que la Universidad Nacional Autónoma de México es autónoma desde 1929 para constatar lo errado del razonamiento). “Se creó una especie de burocracia dorada con sueldos elevadísimos y todo tipo de privilegios, al grado que cuando presentamos la ley de austeridad y se hace la reforma constitucional para que nadie pueda ganar más que lo que obtiene el presidente, se amparan”, expresó.

Y sí: la Ley de Amparo permite, valga la redundancia, ampararse contra los actos arbitrarios de la autoridad. Para López Obrador, empero, eso se logró “con argucias legaloides”.

Y anunció: “Un día vamos a hacer aquí un repaso de los sueldos. Vamos a invitar a Ricardo Sheffield, para que nos ayude (con) quién es quién en los sueldos. Ahí te lo encargo, ¿no?”. —Sí, claro (…): quiénes son los más pasados de rosca —repuso el entusiasmado nuevo inquisidor. Pero si los amparos son legales, ¿por qué exhibir a quienes quedarán en riesgo físico y expuestos al odio social?

A este paso, las y los que tengan más de un reloj o de un par de zapatos deberán tomar sus precauciones…