De ninguna se desprende que los militares o la Sedena fueran cómplices o coautores de la desaparición y/o asesinato de los normalistas, ni siquiera en la del GIEI
Fuera de las eventuales consecuencias legales que merezcan enfrentar algunos militares en lo personal o la Secretaría de la Defensa Nacional en lo institucional por acciones u omisiones en el caso Iguala, el castigo más probable (y remoto) sería de carácter administrativo.
Puede no gustar que, según la investigación de la extinta Oficina Especial que encabezó José Larrieta durante la presidencia de Luis Raúl González Pérez en la CNDH, ningún mando militar levantó denuncias ministeriales de los hechos violentos de que fue enterándose 26 y 27 de septiembre de 2014.
Es cierto que el Ejército, en estricto rigor, cometió violaciones a los derechos humanos por no presentar denuncias, pero eso no significa, de ninguna manera, que militares hayan tenido una participación activa en aquellos acontecimientos. Lo reprochable a la Sedena es no haber desarrollado un sistema de inteligencia que le hubiera permitido enterarse y prevenir la inminencia de las agresiones letales.
Falló la inteligencia militar, pero en sentido estricto no es penalmente relevante. En todo caso, su responsabilidad es política o, si se estira muchísimo la liga, apenas administrativa.
Del general brigadier en retiro encarcelado bajo el cargo de delincuencia organizada (pese a que el subsecretario Alejandro Encinas asegura que ordenó el asesinato de seis de los normalistas), Jesús Rodríguez Pérez, quien siendo coronel comandó el 27 Batallón de Iguala, la CNDH anterior a la que hoy aplaude la militarización lo responsabilizó de no haber auxiliado a los del equipo de futbol Los Avispones, pese a que algunos llegaron ensangrentados y se lo solicitaron.
Para valorar lo que la fiscalía guerrerense y la CNDH dicen de las acciones y omisiones militares conviene recordar que fueron las que de inmediato se aplicaron en lo que les correspondía y que las primeras acertadas averiguaciones de aquella Fiscalía siguen siendo la piedra de toque de todo el caso Iguala, con todo y las verdades “histórica” (en el peñanietismo) y alternativa (en el cuatroteísmo), e inclusive de la CNDH que ha chatarrizado Rosario Piedra Ibarra.
De ninguna se desprende que los militares o la Sedena fueran cómplices o coautores de la desaparición y/o asesinato de los normalistas, ni siquiera en la del GIEI. Si a lo anterior se suma que ni ese grupo insidioso y corrosivo ha reconocido el Informe Encinas (Francisco Cox le dijo a Elisa Alanís en MILENIO Tv que los pantallazos no corresponden a los rotundos chats de Chicago), lo que queda es un canallesco manejo político, faccioso y calumnioso del caso.
Desde los primeros días del crimen, los vividores del dolor ajeno que “acompañan” a los padres de Los 43 apuntaron sus baterías contra el Ejército para intentar justificar lo que Encinas asumió ya como un “crimen de Estado”.
Y en esa dirección ha trabajado la 4T que, vaya paradoja, tanto apapacha con negocios ajenos a su naturaleza a las fuerzas armadas pero con el caso Iguala, tanto y retetanto las ofende…
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