ese a que abortó la desaseada intentona de reformar la Constitución para prolongar hasta 2028 la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, la diputada que se prestó para colar como si fuera “del PRI” la iniciativa que en realidad es del gobierno morenista, presurosa, solicitó licencia para poder cobrar el soborno con que se le premiará por su bochornoso servicio.

Ayer mismo en San Lázaro, algunos de sus camaradas esparcieron el chisme de que será premiada con la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Durango (donde ya fue magistrada).

Pastoreada —como los demás de su ex bancada— por el cuestionable “líder” nacional del PRI, Alejandro Moreno, la señora quedó evidenciada como falsaria por el sorprendente anuncio del presidente López Obrador, quien se reveló sin tapujos como el principal interesado en la fracasada propuesta: “Soy partidario de que se presente la iniciativa y, aunque no se tenga la mayoría, en este caso dos terceras partes porque es una reforma constitucional, que pase un tiempo, pase un periodo, voy a volverla a presentar. Mientras yo esté de presidente, como tengo la facultad de hacerlo, presentar iniciativas, voy a seguir insistiendo…”.

La inferencia es obvia: que la volverá a presentar implica que la presentó antes, y ninguna que no sea la que Yolanda de la Torre Valdez firmó como “autora” y diputada priista se ha presentado ante el Congreso.

Para insistir en su propósito, AMLO esgrime un razonamiento por demás endeble: “Voy a seguir insistiendo porque no quiero que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal…”.

¿Qué tienen que ver la GN y la PF en su empecinamiento sobre la indeseable ampliación del plazo de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia? Absolutamente nada: Con remiendos anticonstitucionales a leyes secundarias, la GN ya fue adscrita al Ejército porque, como el propio mandatario supone, corría el riesgo de corromperse de continuar subordinada a la Secretaría civil de Seguridad.

Lo de la ampliación a 2028 de las facultades militares en seguridad pública, en cambio, impone una reforma como la que murió antier, o sea constitucional, a través por cierto de la modificación de un artículo transitorio. Eso quiere decir que se modificaría una disposición destinada a regir en situaciones temporales.

Si la Constitución establece que la seguridad pública corresponde a las corporaciones y autoridades civiles pero aprueba el apoyo temporal de los militares en un plazo que vence en 2024, lo procedente sería de plano eliminar tal transitorio. Agudo y claridoso, el senador del grupo plural Germán Martínez tiene un ejemplo extremo de lo que significa la militarización al tiempo que fuese: Palabras más o palabras menos, dice que es como asumir que la esclavitud está prohibida, pero de manera transitoria la propia Constitución la permitiera o tolerara.

En lo que continúa el sainete, por si las fláis, todo indica que la embustera ya se rayó. Falta solo que Alito cobre su botín de impunidad…