Con las cuentas alegres del presupuesto que impuso la 4T, celebradas con “cómo no les va a alcanzar” del presidente López Obrador, la consulta de revocación ¿podría de verdad realizarse con alrededor de tristes 20 millones de pesos y no los 3 mil 830 requeridos por la más confiable institución civil del Estado?

La conveniente y atractiva ilusión se basa en un cálculo electoralmente atractivo, pero aritméticamente falaz, a partir de un burdo sofisma: como los consejeros y otros funcionarios electorales tienen salarios mayores al presidencial, reduciéndoselos habría lo suficiente para realizar la cacareada consulta de revocación de mandato.

Para comprender el entuerto pártase de los 108 mil pesos mensuales que por “austeridad republicana” se asignó López Obrador y que por eso la Suprema Corte resolvió que la Cámara de Diputados haga un estudio técnico sobre el nivel salarial del Presidente. El enigma del porqué me atrevo a resolver: 108 son las costuras de una pelota de béisbol.

El problema con los pagos mayores al suyo son principios legales que se desprenden del constitucional y célebre Artículo 123: no se vale reducir los salarios. La nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (19 de mayo de este año y aprobada por la mayoría lopezobradorista) exime de manera expresa a los consejeros de rebajar su sueldo: Segundo Transitorio. “Se exceptúa de la aplicación … a los aludidos en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto del 24 de agosto de 2009 por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución”. O sea: “las retribuciones se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo”.

En ese paquete figuran “los ministros de la Suprema Corte, los magistrados electorales y de Circuito, los jueces de Distrito, los consejeros de la Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los magistrados y jueces de los Poderes Judiciales Estatales”.

A diferencia de todos ellos, el Presidente goza de costosos apoyos: lo cuidan las fuerzas armadas, no gasta en gasolina, energía eléctrica, renta, predial, teléfono, internet, agua, transporte, ropa ni comida, por ejemplo.

Por lo mismo, no solo los consejeros y otros funcionarios del INE recurrieron a la Corte, sino también jueces, magistrados de todo el país y ejecutivos de otros entes autónomos como el Banxico, el Inegi, la Cofece o el Ifetel. De vuelta a los números: los 11 consejeros perciben al mes, desde 2009, 178 mil pesos (no 300 o 500 mil que les endilgan), y otro centenar de servidores electorales ganan 120 mil o más.

Si todos se bajaran el sueldo, el ahorro sería como de 20 millones al año, una bicoca insuficiente para organizar la consulta equivalente a una elección presidencial al revés, con el muy serio propósito de preguntar si “la gente” quiere que López Obrador sea destituido por “pérdida de confianza”, pero que la mayoría que lo apoya pretende, sin que haga falta, para que sea ratificado…