Desconocemos la “causa grave” que forzó la renuncia del ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, pero son bastante claras sus consecuencias institucionales. La renuncia deja al Presidente de la República a un voto de distancia para blindarse contra decisiones de la Corte adversas a su gobierno en materia de acciones de inconstitucionalidad y … Continued
Desconocemos la “causa grave” que forzó la renuncia del ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, pero son bastante claras sus consecuencias institucionales.
La renuncia deja al Presidente de la República a un voto de distancia para blindarse contra decisiones de la Corte adversas a su gobierno en materia de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
Ambas decisiones deben tomarse por ocho de los 11 votos de los ministros que forman la Corte.
La renuncia de Medina Mora permitirá al Presidente nombrar a su tercer ministro afín. Necesitaría solo el voto de un ministro más para bloquear las controversias o las acciones de inconstitucionalidad adversas a su gobierno. No parece un obstáculo político mayor para el Presidente conseguir ese voto o encontrar afinidad con su proyecto de gobierno en otros ministros.
A partir del año 2021, con el término del periodo del ministro Fernando Franco, el Presidente podrá nombrar un cuarto ministro afín, y quedar protegido contra controversias y acciones de inconstitucionalidad, sin la ayuda de ninguno de los otros ministros, solo con los promovidos por él.
Esta aritmética de afinidad no es automática ni fatal, pero obviamente muestra el rumbo. No podemos decir que el presidente López Obrador haya capturado la Corte, pero sí que está en posición de bloquear una parte fundamental de la misión de la Corte como poder de control constitucional.
La consecuencia inmediata de esta captura es que el Presidente no se verá contradicho por la Corte en algunos asuntos claves que están en curso: las leyes que regulan la Guardia Nacional, la extinción de dominio, la ampliación de la prisión preventiva, los cambios educativos, la creación de superdelegados federales en los estados, la de remuneraciones del sector público y la tipificación del fraude fiscal como crimen organizado.
Lo que el Presidente gane en el Congreso, que es prácticamente suyo, no lo perderá en la Corte. Gobernará, en lo fundamental, sin las restricciones que la Corte pueda imponerle en materia de acciones de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales.
El Presidente ha dado un enorme paso hacia la captura de una parte sustantiva del control constitucional a la que deber estar sujeto.
Su ganancia nos desprotege a todos.
Minuto a minuto
