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Un fantasma recorre el mundo: el de organizaciones no gubernamentales dedicadas mucho más al activismo político que a la materia que pretextan en su membrete, como el coahuilense Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios o la texana Clínica de Derechos Humanos, que en estos días hicieron alharaca con los supuestos zetasobornos a los fáciles blancos de los poco afamados hermanos Moreira y el ex gobernador jarocho Fidel Herrera.

Aunque ambas tuvieron pudor para dejar claro que su informe “no representa la posición oficial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas” porque “los puntos de vista presentados solo son las opiniones de las y los autores individuales de la clínica”, no lo tuvieron para llegar a conclusiones categóricas ni para ufanarse de que los testimonios de 24 delincuentes confesos que recabaron eran una verdad indiscutible.

Los aludidos ya dieron su versión, pero la del ex gobernador Humberto Moreira es quizá la más convincente porque ni siquiera la justicia española que lo tuvo en la cárcel pudo comprobarle nexo alguno con la narcodelincuencia

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