Las agencias no son un grupo de historiadores ni de políticos dispuestos a debatir con sus calificados
Desde la trinchera periodística de respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal manda decir que la firma calificadora Standard and Poor’s (S&P) le regaló al gobierno de Enrique Peña Nieto, en el 2013, un aumento en la calificación crediticia de la deuda mexicana.
Pero este intento de descalificación acaba por darle la razón al trabajo que hacen estas empresas financieras.
Presentan como un desacierto que S&P haya considerado en ese momento como un factor positivo para las posibilidades de pago de las obligaciones crediticias de México que se llevara a cabo una reforma energética.
Los inquisidores de la 4T creen, seis años después, que S&P se equivocó con su apreciación de las reformas estructurales y que no debieron elevar la calificación de la deuda mexicana. Y, por lo tanto, que hoy se equivocan con su visión negativa de la deuda soberana.
Aquí está la gran diferencia entre lo que ven los mercados, convertidos hoy en el único contrapeso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y lo que ven desde el gobierno federal.
La promesa de gobierno es llevar al país al momento que tenía en los lejanos años 50, borrando por completo de sus menciones las crisis populistas de los 70 y 80. Y repudiando lo que han dado en llamar el neoporfirismo de los 90 y hasta el sexenio pasado.
El plan de gobierno tiene que ver con combatir la corrupción del pasado, con reducir los sueldos de los funcionarios anteriores. Hay que destruir el aeropuerto que empezó a construir el que ya no está. Ellos no son iguales, ¿que quiénes? Exacto. Que los que ya se fueron.
Por eso no es difícil entender que, en la percepción presidencial, su gobierno está pagando los platos rotos con las advertencias y degradaciones de las calificadoras. Porque a su entender estas empresas están, como él, evaluando el pasado neoliberal.
La verdad es que no. Porque, así como S&P elevó la calificación de la deuda soberana a finales del 2013, tras la aprobación de las reformas estructurales aprobadas en ese momento y lo que creían que implicaban para el futuro, ahora adoptan la actitud contraria, por lo que ven en este momento y hacia adelante.
Las firmas calificadoras no son un grupo de historiadores ni de políticos dispuestos a debatir con sus calificados. La premisa es, bajo las condiciones actuales y futuras, ¿qué tanta capacidad de pago tiene la entidad analizada?
Por lo tanto, a las firmas calificadoras les preocupa lo que viene para Petróleos Mexicanos, para la Comisión Federal de Electricidad, muchas otras entidades más y claro, para el país en su conjunto.
Salvo Pemex, que ya sufrió una severa degradación crediticia por parte de Fitch Ratings, los demás tienen una tarjeta amarilla de advertencia. Es un aviso muy a tiempo que debería hacer que el actual gobierno mejore la gestión financiera.
El gobierno federal no debería hacerlo para quedar bien con tres o cuatro compañías financieras, sino por el bien de la economía. Y de pensar que el presidente López Obrador pudiera ser agradecido con las calificadoras que les hacen el favor de advertirle con tiempo sobre los problemas que enfrenta y lo que podría pasar, ni hablar. Basta con que no maten al mensajero.
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