El borrón y cuenta nueva reiterado por el presidente se ha convertido hoy en una caja de Pandora que sólo puede acabar en el mayor ajuste de cuentas de un gobierno entrante
El gobierno de Enrique Peña Nieto no necesitaba de mucha mala prensa, ni del trabajo persistente del entonces opositor Andrés Manuel López Obrador, para ser exhibido como una administración plagada de presuntos actos de corrupción.
En la campaña presidencial, la bandera del fallido candidato Ricardo Anaya fue siempre meter a la cárcel al hoy expresidente. Mientras que el ganador de la contienda enarboló la bandera del borrón y cuenta nueva.
La rápida aceptación de la victoria lopezobradorista y la sesión de facto del poder al presidente electo durante los meses de transición dejaban ver el sello del pacto de punto final prometido por el ganador.
Pero esta semana todo cambió. El borrón y cuenta nueva reiterado por el presidente se ha convertido hoy en una caja de Pandora que sólo puede acabar en el mayor ajuste de cuentas de un gobierno entrante con sus antecesores de la historia, o en una de las peores pifias judiciales jamás cometida por una administración federal.
Los primeros seis meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador le han dejado al presidente una pequeña magullada en su popularidad, que sigue entre 60 y 70%, pero abrió frentes muy delicados como la creciente violencia, la baja económica y los brutales recortes presupuestales que han afectado a millones de personas en sectores altamente vulnerables.
Había razones políticas para encontrar algún fuego fatuo que jalara la marca de la atención pública. Pero la cloaca destapada fue descomunal.
La sorpresa de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la mediatización de este caso viene por el enfoque que se le ha dado desde las “fuentes” en las filtraciones periodísticas.
El caso que involucra a Emilio Lozoya Austin, que se sigue en la FGR, tiene que ver con acusaciones por lavado de dinero, defraudación fiscal y cohecho. Delitos todos sí imputables a un solo servidor público, en este caso el exdirector de Pemex.
Hasta ahí todo avanzaría hacia el “quinazo” del sexenio. Pero las filtraciones, que tanto lamenta la FGR, y hasta las declaraciones presidenciales, hablan del delito de la compra de una planta chatarra, por la que de manera ilegal se pagaron, dice el presidente, 500 millones de dólares.
Esto es, el delito que persigue el gobierno de López Obrador es nada menos que el quebranto patrimonial a Petróleos Mexicanos.
El manejo torpe de la información desde instancias gubernamentales abrió una puerta de salida a la defensa de los involucrados para dejar un mensaje muy claro: Emilio Lozoya no firmó ni autorizó la compra de la planta chatarra.
El gobierno de López Obrador abrió el clóset de los muertos y ahora se ha obligado a llegar hasta las últimas consecuencias del escándalo que provocó a través de imputar a los que autorizaron, desde el Consejo de Administración de Pemex, la compra de esa porquería de planta industrial.
¿Quién era legalmente la cabeza más alta en esa instancia de gobierno corporativo de la petrolera? Nada menos que en aquel año de la compra, el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray. Y a partir de este personaje, hacia abajo otros tantos exsecretarios de Estado.
¿Es así de alto como quiere llegar el presidente López Obrador en el caso que hoy populariza desde las filtraciones a la prensa, desde la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y desde la conferencia mañanera?
Emilio Lozoya tiene sus propios demonios penales. Pero si se quiere cruzar el camino hacia el desfalco patrimonial de Pemex, debemos estar preparados para la noche de los cuchillos largos o en la antesala de la peor pifia de este gobierno.
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