Desde que los marinos tomaron control de la administración de las terminales marítimas, en marzo del 2020, esa empresa había solicitado restringir las operaciones en las áreas de uso común y los muelles públicos a los que arriban buques de carga general, que apenas representan 15% de las operaciones en Manzanillo
Ha pasado una semana de paros intermitentes en las operaciones marítimas en Manzanillo, el principal puerto logístico del país. Las protestas también afectan a los accesos a la oficina del almirante Mario Alberto Gasque Peña, administración del puerto de Manzanillo, están bloqueados. Recién llegado a esa Asipona, el mando castrense tendrá que corregir el rumbo de sus primeras decisiones administrativas.
Y tendrá que hacerlo ipso facto o enfrentar las consecuencias, por desacatar las órdenes “de aplicación inmediata” dictadas por Gabriela Chávez Soto, jueza mercantil del tercer partido judicial en Colima, el pasado 26 de febrero, que permitirían a la compañía maniobrista La Junta reanudar operaciones de descarga de mercancías y el uso de áreas públicas para el manejo de carga general.
Apenas si había pasado un mes del relevo en la Asipona Manzanillo —que dejó el almirante Salvador Gómez Meillón el 26 de enero— cuando la titular del juzgado mercantil anuló las órdenes emitidas desde la oficina del almirante Gasque Peña sobre los servicios de atraque y descargue en los muelles y áreas públicas ubicados en el área conocida como San Pedrito.
Ante el incumplimiento de esas disposiciones, estibadores de La Junta iniciaron con los bloqueos, el pasado 14 de marzo, que afectan a más de 180 trabajadores, impedidos de ingresar a las áreas de trabajo. En concreto, los reclamos son contra Marcos Paul Mendoza, gerente de operaciones de la Asipona, y José Domingo Sánchez Salinas, asesor de la dirección general, quienes afectaron a La Junta para presuntamente favorecer a Terminal Marítima Hazena.
Desde que los marinos tomaron control de la administración de las terminales marítimas, en marzo del 2020, esa empresa había solicitado restringir las operaciones en las áreas de uso común y los muelles públicos a los que arriban buques de carga general, que apenas representan 15% de las operaciones en Manzanillo. A su juicio, La Junta —que además de la maniobrista tiene una comercializadora— incurre en “competencia desleal”, no obstante que Hazesa cuenta con una terminal privada con muelle y áreas propias para operar.
Hasta enero, la operación se realizaba con pocos contratiempos. No fue sino hasta la llegada del almirante Mario Gasque Peña como nuevo administrador portuario que las irregularidades se presentaron con mayor frecuencia, de manera particular en el otorgamiento de programación de áreas y muelles para poder atracar y operar.
“A ningún concesionario del puerto le han autorizado tantos beneficios en tan poco tiempo como a Hazesa”, refieren los quejosos, quienes denuncian que la nueva administración se maneja con amenazas y existe muy poca experiencia.
La Junta remite a la autorización otorgada por el anterior titular de la Asipona, almirante Gómez Meillón, para usar las áreas comunes para la recepción de carga general hasta por 48 horas posteriores al término de operaciones del buque, en la primera maniobra, y permitir la carga a ruta federal en segunda maniobra ante la necesidad del puerto por desalojar mercancías lo más rápido posible.
A nivel global, las cadenas de suministro han pasado un quinquenio de turbulencias. La contingencia sanitaria generó un incremento del 7.5% en los precios al consumo, debido al aumento de los costos del transporte marítimo. Adicionalmente a la Covid-19, en México ocurría el traslado de las aduanas y las administraciones portuarias al mando castrense.
Los mandos civiles fueron retirados de los puertos marítimos, por el combate a la corrupción. Ahora, a los marinos no sólo compete la seguridad de los puertos, sino también la sostenibilidad de las cadenas de suministro, actualmente comprometidas por el aumento del comercio electrónico y las amenazas cibernéticas.
Efectos secundarios
RECONOCIMIENTO. La defensa de los recursos hídricos de los pobladores de San Sebastián Xoco, quienes rechazaron la construcción de Mitikah —por sus efectos perniciosos— fue la historia que los periodistas mexicanos Jennifer González Posadas y Alejandro Melgoza Rocha contaron en N+ Focus y que acaba de ser reconocida con el premio Ortega y Gasset 2023, en la categoría de Mejor Cobertura Multimedia.
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