Bendición a Cotemar

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador “el petróleo es el mejor negocio del mundo”, y aunque ya nos lo había dejado claro con sus tempranos acercamientos al sector, la edificación de su refinería y los intentos por poner en el olvido las energías renovables, ahora también ha dejado de manifiesto que, aunque las jugadoras del ramo se hayan visto empañadas por malas prácticas en el pasado, continuarán con beneficios durante su administración.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Cotemar, de Mario Dávila Dávila y María Cristina Lobo Morales. Se lo digo porque la firma dedicada a la construcción y mantenimiento de unidades habitacionales, ductos, plataformas, alimentos, renta de lanchas y de buques, no solo ha estado implicada con accidentes en los que la clase trabajadora ha sido la principal afectada, sino que además obtuvo contratos mientras se encontraba bajo investigación por posibles vínculos con los manejos que Emilio Lozoya dio a Pemex, cuando se encontraba al frente de la misma.

Fue el 12 de julio de 2019 cuando la empresa productora del estado dio a conocer que Cotemar, junto con Arendal y Construcciones Mecánicas Monclova, se encargarían de desarrollar los campos de Yaxché y Onel, ubicados en las costas de Tabasco y Campeche, respectivamente.

No obstante, dos meses más tarde, a inicios de septiembre de ese mismo año, la Secretaría de la Función Pública (SFP), de Irma Eréndira Sandoval, reveló que en esa fecha todavía se indagaban movimientos, transferencias, o pagos de la firma de Dávila Dávila a alguna compañía personal, particular o de la familia de Lozoya Austin, aunque se negó a dar más detalles.

Pero eso no es todo, pues en el haber de la firma fundada en 1979 figuran diversos escándalos. Por ejemplo, de 2003 a 2016 se llevó nada más y nada menos que 106 contratos con el gobierno federal, 103 de ellos se signaron con Pemex Exploración y Producción, 31 de los cuales resultaron luego de adjudicaciones directas, es decir, sin que existiera concurso.

Aunado a ello se sabe que la plataforma Abkatún A registró dos incendios, uno en 2015 y otro en 2016, en los que se perdieron vidas humanas, además de que se reportaron decenas de lesionados, por lo que ambos fueron denunciados en el Senado de la República. A tal grado llegó la polémica, que tuvieron que utilizar para mediar sus relaciones públicas a un personaje cercano al sexenio anterior, mismo que trabajó en cancillería en tiempos de Claudia Ruiz Massieu.

La historia no acaba ahí, ya que en 2011 Cotemar se negó a cubrir los gastos que derivaron del hundimiento ocurrido en la plataforma Júpiter I, el 12 de abril, mismos que ascendieron a 57.9 millones de pesos, y a otros 2.5 millones de dólares para apoyo marino y disminución de los riesgos, a la hora de realizar las labores de rescate. Más tarde, la compañía se deslindó de la responsabilidad para cubrir los montos, al argumentar que se trató de un “caso fortuito”.

Tetra Pak de un solo uso

No hay que perder de vista a la empresa multinacional Tetra Pak que preside Adolfo Orive, y que aquí lleva Robert Graves, pues si bien los envases se componen en un 75% de cartón, un 20% de polietileno y 5% de aluminio, no dejan de ser productos de un solo uso, lo que contribuye al foco de contaminación que se vive en México, pues nuestro país lidera la lista en la producción de residuos sólidos a nivel Latinoamérica, al generar 1.16 kg por persona al día, por encima de Chile y Argentina.

Y es que, si bien las autoridades de la CDMX, al frente de Claudia Sheinbaum, prohibieron desde el 2020 la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico al consumidor, y en este año los cubiertos, platos, popotes o pajitas, bastoncillos para hisopos de algodón, vasos y sus tapas, charolas para transportar alimentos y aplicadores de tampones, entre otros, fabricados de plásticos excepto los que sean compostables, existen ya voces de legisladores y ONG´s que alzan la voz para revisar los envases y productos de Tetra Pak.

Reunión Urgente Aérea

México ha pedido una reunión urgente con la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) para revisar junto con sus auditores las evidencias entregadas que llevaron a Estados Unidos a degradar al país a Categoría 2 en seguridad aérea. El único camino cómo hizo en 2010 la Dirección General de Aeronáutica Civil (hoy AFAC), es que incrementó el presupuesto para que contara con todos los elementos necesarios, humana y materialmente, y, cumpliera con los compromisos firmados con la FAA para recuperar la categoría 1. Incluso se dio el compromiso oficial, de que año con año, se iría incrementando el presupuesto, lo cual ha dejado de cumplirse. Así debe ser la conclusión de la solución a ese pequeño problemita cómo lo quieren hacer ver.

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