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De cumplirse a la letra el proyecto del nuevo gobierno para fortalecer el poder central a costa de los poderes locales, estaríamos ante el renacimiento de un híbrido típicamente mexicano: el federalismo centralista. O su contrario idéntico (al revés volteado): un centralismo federal.

No sería una novedad. Sería más o menos lo que hubo en México durante los años de la hegemonía del PRI.

“Federación” quería decir entonces “Centro”. Federalizar algo era centralizarlo, no repartirlo entre las entidades federativas.

A partir del año 2000, la democracia fragmentó el poder de la federación, que se concentraba en las facultades legales y en las facultades no escritas del Presidente.

La federalización/centralización siguió en muchos ámbitos, pero no fue ya en servicio del poder ejecutivo y el Presidente, sino en su demérito, mediante la proliferación de innumerables entes autónomos, como el instituto y los tribunales electorales, el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia y tantos otros que, en el reparto institucional de facultades, servían de contrapesos al presidente: recortaban y acotaban su poder.

La federalización/ centralización que plantea el nuevo gobierno pretende recobrar el control anterior sobre los estados y disminuir o desaparecer el peso de los entes autónomos.

Tiene los visos de una restauración.

En el entorno democrático de hoy, restaurar aquello es imposible sin sembrar en la opinión pública la sospecha de que lo que se busca es una restauración autoritaria, la restitución del centralismo que precisamente la democracia desmontó.

En una mesa que coordiné el sábado pasado en la Fil de Guadalajara sobre el tema del federalismo, con la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas, José Ramón Cossío, Beatriz Paredes, Jorge Castañeda y los gobernadores Javier Corral y Enrique Alfaro, apareció con claridad, en todas las voces, la reflexión sobre la necesidad de un nuevo trato federal, un rediseño negociado para que el federalismo deje de ser el animal disléxico que es.

Lo que baja del nuevo gobierno federal, sin embargo, no es la oferta de un nuevo pacto sino un jalón unilateral de riendas: un despliegue administrativo, financiero y militar sobre los territorios estatales, que se parece a, o al menos admite la metáfora de, una ocupación.