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Durante el sexenio, en todos los casos de gran envergadura se ha hecho recurrente invocar la famosa cadena de mando que los abogados pretenden utilizar para que se responsabilice a Enrique Peña Nieto de violaciones a los derechos humanos, lo mismo por el caso Atenco, siendo gobernador, que como presidente por Ayotzinapa, Tanhuato, Nochixtlán, Apatzingán o Tlatlaya.

Se reclama la deseada “orden de arriba”, como de manera peregrina se quiso culpar a Ernesto Zedillo de haber ordenado la matanza de Acteal.

A las ONG se les cuecen las habas por llevar a Peña Nieto ante un tribunal internacional, acusándolo de crímenes de lesa humanidad.

En lo de Tlatlaya, puesto que el MP no halló un autor intelectual, lo fácil es afirmar la vacilada de que fue un “crimen de Estado”.

Lo curioso es que la PGR consignó ante jueces federales a los militares implicados, pero ahora otro juzgador le da la razón a la madre de una de las jóvenes que estaban con los maleantes (sus presuntos “secuestradores”).

El nuevo fallo le ordena al MP recabar más pruebas.

Ajá. Pero se llegará… al mismo “insuficiente” resultado.