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El más reciente incumplimiento (default) de Argentina en los mercados internacionales es un caso inédito que merece atención particular por sus posibles ramificaciones para los mercados financieros en el futuro.

Ésta no es la primera vez que Argentina entra en una situación de default; durante los últimos 32 años Argentina ha estado en incumplimiento en cuatro ocasiones: 1982, 1989, el 2001 y ahora, en el 2014. Sin embargo, el default actual se da por circunstancias muy diferentes a los tres anteriores. Mientras que en 1982, 1989 y el 2001 Argentina simplemente fue incapaz de enfrentar sus obligaciones de pago ante sus acreedores porque se encontraba en una situación de insolvencia, el incumplimiento de hoy no tiene nada que ver con la capacidad de pago de Argentina.

Aunque la política económica de los gobiernos Kirchneristas ha contribuido a una situación complicada para la economía, el día de hoy Argentina no enfrenta una crisis ni de insolvencia ni de liquidez. Sin embargo, el 30 de julio los tenedores de bonos soberanos de Argentina emitidos en dólares no pudieron cobrar su cupón semianual. Esto sucedió a pesar de que Argentina depositó los fondos correspondientes a dicho cupón al banco depositario de los fondos con la intención de que los tenedores de bonos recibieran los recursos. Sin embargo, Thomas Griesa, un juez federal de Estados Unidos, suspendió el pago de los recursos a los tenedores de los bonos.

Para poner en contexto esta decisión inédita del juez Griesa es necesario recordar que después del default del 2001, Argentina logró reestructurar su deuda de manera aparentemente exitosa. La reestructura se dio a través de un intercambio de bonos con los inversionistas donde la gran mayoría de los tenedores de bonos —92%— aceptó el intercambio.

Desde que se logró esta reestructura en el 2005, Argentina viene cumpliendo cabalmente con sus pagos de intereses. El problema es 8% que decidió no aceptar el intercambio y que aún mantiene los bonos originales.

La mayoría de estos tenedores son fondos de inversión que compraron dichos bonos en el mercado secundario en centavos cuando Argentina estaba insolvente. Estos fondos de inversión demandaron a Argentina ante una corte federal de Estados Unidos —lugar donde fueron emitidos los bonos—, para que Argentina liquide dichos bonos a 100% de su valor original de emisión más los intereses no pagados durante los últimos 13 años.

El fallo del juez Griesa en favor de estos fondos de inversión implica que Argentina debe pagar primero lo que le debe a 8% de los inversionistas que no participaron en el intercambio de deuda, antes de poder pagar cualquier otra obligación financiera.

Esta situación inédita ha puesto a Argentina en un default técnico a pesar de tener los recursos para satisfacer sus obligaciones con la gran mayoría de sus acreedores y además ha puesto en desventaja a aquellos acreedores que decidieron mayoritariamente aceptar la reestructura de la deuda.

Si Argentina fuera una empresa en lugar de un país, esta situación sería imposible de imaginar, ya que las leyes de bancarrota en Estados Unidos, como las de concurso mercantil en México, hubieran obligado a la minoría de los acreedores a aceptar la reestructura en los términos acordados con la gran mayoría de los acreedores. La desafortunada decisión del juez Griesa amenaza con acabar con la capacidad futura de cualquier emisor de deuda soberana en Estados Unidos a lograr una reestructura exitosa.