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Un año tardó Óscar Flores Jiménez en reintegrarse al equipo de Delfina Gómez Álvarez. En la pandemia, enviado directamente de Palacio Nacional, comenzó a colaborar con la profesora mexiquense, quien dejó su escaño para asumir la secretaría de Educación Pública, en su camino a la gubernatura del Estado de México.

Experto en tareas de auditoría y fiscalización, el contador tlaxcalteca atendió directamente instrucciones presidenciales. La nómina de maestros, supervisores y directivos volvió a centralizarse, lo mismo que los recursos para el mantenimiento de la infraestructura educativa. Ni con la maestra Delfina ni con su sucesora, Leticia Ramírez, hubo limitaciones para cubrir las demandas magisteriales.

Hace un año, con la entrega-recepción del Ejecutivo federal, Flores Jiménez tenía que incorporarse a la administración mexiquense. Su traslado, empero, debió esperar un trimestre. En parte, para que Paulina Moreno Jiménez concluyera con el proceso de aprobación del presupuesto que la gobernadora remitió al Congreso local, pero sobre todo porque había que cumplir con los compromisos pactados.

Desde que tomó las riendas de la SEP, hace un año, Mario Delgado Carrillo ha debido encararlos. Inicialmente, ciertamente, con un equipo que no era el suyo. Pero ahora, debe responder los reclamos por una serie de tropiezos administrativos de lo que no puede deslindarse.

Flores Jiménez entregó la Unidad de Administración y Finanzas a Anselmo Peña, exdirectivo del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, quien fue designado desde Palacio Nacional. Hace dos décadas era un funcionario de nivel medio en la Subsecretaría de Egresos, cuando Mario Delgado fungió como secretario de Finanzas del GDF, en el sexenio de Marcelo Ebrard.

De su apego al despacho presidencial, no queda duda. Estuvo en el equipo negociador con los representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que a finales del anterior ciclo escolar demandaron la anulación de la reforma al ISSSTE con su peculiar estrategia de movilización.

La efectividad de sus gestiones está bajo severo cuestionamiento desde que Bertha Gómez Castro llegó a la subsecretaría de Egresos. Y es que por disposición reglamentaria, dicha funcionaria está a cargo de coordinar a los titulares de administración y finanzas de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

La rebeldía de Peña ameritó una decisión categórica: el nombramiento de Ricardo Largo como director general de Presupuesto de la SEP. Formado en el gobierno capitalino, desde los niveles delegacionales, anteriormente estuvo al frente de la Política Presupuestal de la Ciudad de México.

El ajuste en esas áreas sustantivas no ha arrojado los mejores resultados. Aunque las instrucciones superiores son combatir el desorden y la corrupción, han quedado muchos cabos sueltos. Entre ellos, el manejo del programa presupuestario denominado U080, bolsa que se otorga a estados y municipios para subsidios y programas sociales específicos.

El secretario Delgado Carrillo ha recibido quejas de al menos dos gobernadores del sureste, por la lentitud en la dispersión de esos recursos. Una lentitud sospechosa, lo mismo que la autorización de los pagos pendientes a contratistas y proveedores, quienes temen que ahora inicie una etapa de “negociaciones”, para la liberación de sus facturas.

¿Fuego amigo en la SEP? ¿Altos mandos que presumen sus influencias e ignoran a sus superiores?

Efectos secundarios

MALEDUCADOS. Uno de los frentes de infraestructura más sensibles del país es el de las autopistas federales, eje del flujo logístico y de recaudación en casetas. En ese contexto, la reconfiguración en Capufe se tradujo en el final de la hegemonía en los sistemas de telepeaje, lo que ha generado reacciones virulentas. Entre las más visibles, identifican en la SICT, la inconformidad de Manuel Rodríguez Arregui, director del fondo AINDA, con inversiones en movilidad y peaje electrónico.