La indignación popular por el alza de la gasolina añade riesgos a un año que ya estaba cargado de nubes negras. El coraje es generalizado, a juzgar por lo visto y escuchado en redes sociales y medios de comunicación. El gobierno deberá pagar el costo de una difícil decisión que, siendo cara en condiciones normales, … Continued
La indignación popular por el alza de la gasolina añade riesgos a un año que ya estaba cargado de nubes negras. El coraje es generalizado, a juzgar por lo visto y escuchado en redes sociales y medios de comunicación.
El gobierno deberá pagar el costo de una difícil decisión que, siendo cara en condiciones normales, se encareció por obra y gracia de una pésima campaña de propaganda para impulsar la reforma energética. En el 2013 se repitió miles de veces: con la reforma se acabarán los gasolinazos y bajaran los precios de la gasolina y la electricidad. La campaña fue pésima, pero memorable. Todo mexicano la recuerda.
Difícil decisión, sin duda. Forzada por un hecho que a veces olvidamos: el gobierno no tiene recursos suficientes para cumplir con todos sus compromisos y, además, garantizar un superávit fiscal. Por eso sube los precios de las gasolinas y el diesel en una proporción que es 4 o 5 veces mayor que la inflación. Esta alza le proporciona ingresos adicionales muy importantes, sin subir impuestos. Si 40% del precio de la gasolina son impuestos y se venden 130 millones de litros diarios… un aumento de dos pesos por litro traerá ingresos adicionales de 104 millones de pesos diarios.
La decisión es difícil porque implica riesgos. El menor de ellos es el impacto que este incremento tendrá en la popularidad del presidente Peña Nieto. Podemos augurar que tocará nuevos mínimos, porque se trata de una medida impopular que afecta el bolsillo. La instrumentación del alza es una operación dolorosa, sin anestesia.
Los mayores riesgos son, en el corto plazo, una espiral inflacionaria y que la indignación pase de los memes a algo más serio. Por ejemplo, que se traduzca en desórdenes o desmanes de cierta magnitud. Esto ha ocurrido en otros países petroleros luego de alzas a los combustibles: Nigeria e Indonesia, por ejemplo. Ser ciudadano de un país productor de petróleo genera la sensación de que hay derechos asociados, uno de ellos es el tener acceso a gasolina barata.
En el mediano y largo plazos los mayores riesgos están en la sustentabilidad de la reforma energética. Vendrá un periodo de enorme rechazo a la reforma y de molestia con sus impulsores. Se necesitará enorme talento político y comunicacional para defender una reforma que trae malas noticias para el hogar promedio en el corto plazo. Se necesitará también buena suerte, para acortar el periodo en que los mexicanos vean los resultados. Las inversiones en gasolineras, ductos, almacenes de combustible y refinerías empezarán pronto, pero sus resultados tardarán años en reflejarse en los bolsillos. ¿Cuántos años? No menos de tres, salvo que ocurra un milagro.
¿Pudo hacerse otra cosa? En retrospectiva, hay mucho que reprochar en lo que se refiere a la carencia de inversiones en refinerías e infraestructura. Eso nos ha colocado en una posición muy precaria: los precios de la gasolina que consumimos reflejarán el costo de no haber hecho esas inversiones en todos esos años que el petróleo valía 80 o 100 dólares.
El porcentaje del incremento sorprendió porque, a pesar de que había sido anticipado por José Antonio González Anaya, director de Pemex, eran mayoría los que apostaban por algo más cercano a 10 por ciento.
El que el gobierno haya decidido ir por un incremento tan alto nos da una idea de la difícil situación de las finanzas públicas así como de la seriedad del compromiso de la gente de Hacienda por mejorar el balance fiscal, aunque nos dejan dudas sobre la sensibilidad político-social. En el aire queda una pregunta: ¿No sería mejor hacer un mayor esfuerzo para reducir el gasto público, de manera más drástica?
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