En la mañanera hubo alusiones directas a un abogado zacatecano, que recibió el mote del “candidato perpetuo” y alguna vez se ofreció para mediar entre liberales y conservadores. Desde hace mucho está claro que en Palacio Nacional no quieren a nadie en el centro, que la polarización es la apuesta.

Nicolás Zúñiga y Miranda era el aludido. Y también aludió a la sucesión presidencial en la conferencia de prensa de Palacio Nacional. Francisco I. Madero —rebatió el presidente Andrés Manuel López Obrador— era espiritista, más que masón. Benito Juárez lo fue —concedió— pero más que anticlerical, pero no antirreligioso.

Los masones ya son tema de conversación en la Cuarta Transformación. La semana pasada, a través de su jefe de Oficina, José Antonio de la Vega Asmitia, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, recibió una solicitud de audiencia, de los líderes de la Gran Logia. Antes, los hermanos estaban en el PRI. Ahora son plurales.

De Palacio Nacional al Palacio de Covián, sin mediaciones. López Hernández dejó el Palacio de Gobierno en Villahermosa hace ocho meses para ayudar a la gobernabilidad. Y desde entonces ha recibido puras bolas ensalivadas… aunque eso sea en perjuicio de sus compañeros de gabinete.

A su llegada a Bucareli había asuntos en ciernes. Los más significativos tenían que ver con la molestia de inversionistas foráneos, que apelaban a la vigencia del Estado de Derecho. Unos, los de Constellations Brands, ya habían pagado las consecuencias de una negociación imposible con el gobierno lopezobradorista, pero decidieron quedarse en México y mudarse a Veracruz, tras la desastrosa consulta popular en Mexicali.

Sin tanta atención mediática, los inversionistas de la planta de fertilizantes de Topolobampo consiguieron el respaldo de las autoridades locales y federales. Y los dueños de la mina de Cosalá aceptaron —a regañadientes— que el sindicato de Napoleón Gómez Urrutia compitiera por la titularidad del contrato colectivo de trabajo.

Con López Hernández en el Palacio de Covián, las mesas de negociación han proliferado. Por conflictos internos —el atorón en ESSA o la intervención en Segalmex, por citar dos ejemplos irrebatibles— pero también la atención de las quejas y demandas de empresarios y líderes sociales se han habilitado mecanismos de diálogo y concertación.

¿Y los dirigentes de los partidos de oposición? ¿Y los líderes parlamentarios del bloque de contención? Hay asuntos de urgente resolución. Uno es el desbloque del Puerto Venado en Playa del Carmen, cuya “recuperación” garantizaría terminar a tiempo el Tren Maya. Y el otro, por mera coyuntura, es la estabilización del sistema aeroportuario metropolitano.

Por instrucciones presidenciales, el secretario de Gobernación ha tenido que concretar con los actores sociales involucrados en esos asuntos, donde han participado otros funcionarios federales.

Algunas negociaciones que iban en buenos términos —como es el caso de Vulcan Materials— quedaron allanadas por instrucciones superiores. Y en los hechos, quedó demostrado que la narrativa oficial no siempre es contundente.

La negación de las autoridades aeronáuticas sobre recientes incidentes ocurridos en el aterrizaje y despegue de aeronaves nacionales e internacionales en el aeropuerto fue eliminada, a golpe de videos. En la víspera, representantes de pilotos y líneas aéreas fueron citados por el subsecretario Rogelio Jiménez Pons, para dialogar con los titulares del Seneam, la AFAC y el AICM.

En la primera semana de mayo del 2022 se habían registrado nueve incidentes, según los quejosos. Hasta el 7 de mayo, empero, no había constancia por escrito de los reportes. Las fallas del protocolo, en cualquier caso, han quedado exhibidas. La controversia quedó temporalmente zanjada, con la salida del director general de los servicios a la navegación, Víctor Hernández, quien fue obligado a presentar su renuncia.

El titular de la SICT, Jorge Arganís, tuvo que acudir al Palacio de Covián para apoyar las gestiones de López Hernández y cumplir sin dilaciones con las instrucciones presidenciales que no son otras más que poner orden en el espacio aéreo.

Efectos secundarios
EN CIERNES. Un nuevo conflicto que requerirá la mediación federal es el que inició Aguas de Rosarito, filial de Consolidated Water, por una indemnización de 51 millones de dólares que exige al gobierno morenista de Baja California, que encabeza Marina del Pilar, tras de la cancelación de la concesión decretada por la anterior administración estatal por presuntos incumplimientos del contrato.