Puebla: atorón presupuestal

Más por la recesión que por la contingencia sanitaria, los gobernadores y los alcaldes de México han tenido que enfrentar presiones inéditas sin que los sistemas fiscales sean suficientes para cubrir los servicios públicos esenciales.

Durante el bienio que está por concluir, la disminución de los flujos de ingresos —producto de la caída en la recaudación— agravó los efectos de la política de austeridad republicana implementada por la Cuarta Transformación.

Aquellos tiempos en que eran comunes las asociaciones público-privadas y la bursatilización de la deuda no volverán. Y menos, con la advertencia de la Secretaría de Hacienda a los gobiernos estatales, sobre el excesivo endeudamiento.

Ahora, implacable, avanza la federalización de la nómina de policías, maestros y trabajadores de la salud, al tiempo de que Estados y municipios han perdido la capacidad de financiar megaobras de infraestructura.

Es el tiempo del cobro de impuestos locales a los servicios públicos elementales. En Puebla, 136 alcaldes y un bloque de legisladores locales —que de acuerdo a versiones no confirmadas fueron asesorados por el excandidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña— propusieron un “derecho por alumbrado público”, que estaría ingresado en las leyes municipales de ingresos.

El exdirigente estatal del PRI y presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Estefan Chidiac, fue el principal impulsor de esta medida que finalmente no pagarán los habitantes de la capital poblana, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.

Los legisladores poblanos no ignoraron los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el DAP, que ha sido materia de diversas acciones de inconstitucionalidad en las que se ha argumentado que  materialmente se trata de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica, mismo que corresponde al ámbito de competencia exclusiva de la Federación.

No obstante, el DAP sería pagado por dos de cada tres poblanos, pero después de la clausura del periodo ordinario de sesiones de la LXI Legislatura del Congreso local se han acumulado 136 solicitudes, del mismo número de ayuntamientos, que ahora quieren modificaciones a sus leyes de ingresos. La Comisión Permanente deberá resolver en las próximas 72 horas. Y en última instancia, será la Corte.

EFECTOS SECUNDARIOS

ENFRENTADOS. En segundo plano, después de la tragedia del News Divine, Joel Ortega regresó al servicio público en el sexenio de Miguel Ángel Mancera para hacerse cargo del SCT Metro para conducir los esfuerzos de modernización de la red que garantiza la conectividad de la zona metropolitana de la CDMX. A su debido tiempo, evidenció las fallas estruturales en la Línea Dorada y volvió a confrontarse con los ebraristas. Incluso antes, nunca dejó de tener contacto con cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador y en este sexenio estuvo cerca de integrarse al aparato de inteligencia gubernamental. Ahora, muchos lo ven detrás de un movimiento que busca tomar el control administrativo de los principales planteles del Instituto Politécnico Nacional, cuyos alumnos están emplazados a regresar a clases presenciales justo dentro de cuatro semanas. Los docentes y el personal de apoyo y asistencia están citados para el próximo 4 de enero de 2022. En esa institución, a cargo de Arturo Reyes Sandoval, hay otras disputas en ciernes, entre ellas, la asignación del millonario contrato para la limpieza de las unidades académicas y administrativas, cuya asignación está ensombrecida por señalamientos por los nexos que el empresario de ramo, José Juan Reyes Domínguez tendría con Javier Tapia Santoyo, según quejas de sus competidores.