Pendientes en Aduanas

A diario, frente a la Puerta Mariana de Palacio Nacional ocurre una especie de contramañanera de la que los reporteros de la fuente presidencial casi nunca dan cuenta.

Allí, sin ingresar a la calle de Moneda, acuden colonos inconformes, ambientalistas, representantes sindicales o víctimas de la corrupción y la impunidad para quejarse. De sus mantas y consignas queda constancia en los informes entregados al Palacio del Ayuntamiento y la Primera Sección del Estado Mayor Presidencial.

Justo hace cuatro meses, un contingente identificado como la Unión Ecológica de Llanteros de Ciudad Juárez colocó un ataúd frente al Balcón Principal y cartulinas bilingües: “¡Dejen de extorsionar!”. “President Biden, please help AMLO to clean Mexican customs”.

El retrato de César Alejandro Reyna Carrillo ilustraba las mantas. Una semana después, otro conglomerado de empresarios —éstos, de Tijuana— enviaría un escrito a los titulares de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, y de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, para denunciar una “red de corrupción” que además de Reyna Carrillo involucraba al exdirector adjunto de Aduanas de México, Juan Carlos Madero Larios, y Álvaro Fernández Echeverría, exsubadministrador del SAT en la Aduana de Otay.

La militarización de los recintos aduanales ya se había concretado. Y el decreto presidencial para instaurar la Agencia Nacional de Aduanas, publicado en el Diario Oficial de la Federación. La nueva instancia —ya independiente del SAT—seguirá a cargo del abogado Horacio Duarte Olivares.

Desde el cumplimiento de las medidas arancelarias y las normas sanitarias, hasta la materialización de la legislación federal en materia de propiedad intelectual y seguridad pública ocurren en las Aduanas. Tijuana y Nuevo Laredo son los puntos fronterizos con mayor actividad aduanal en el norte del país; y bajo el amparo del T-MEC ocurren actualmente 84% de las exportaciones y 46% de las importaciones mexicanas.

Además de los oficiales en tierra, la vigilancia de los cruces de las mercancías depende de la modernización de los sistemas de monitoreo. Y en esas tareas, Reyna Carrillo es un personaje clave, como administrador general de Comunicaciones y Tecnologías de la Información.

Detrás de las denuncias contra ese funcionario cuatroteísta estarían sus nexos con el empresario José Ángel Sánchez Suchil, quien acumula una década de experiencia con el SAT; en la anterior administración federal, como directivo de la firma Integradores de Tecnología, y antes en la proveeduría de servicios integrales para la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano.

Ahora, con la firma Interconecta, Sánchez Suchil —de acuerdo con las denuncias de empresarios afectados— pudo acrecentar sus negocios, de la mano del funcionario, con quien se ha mimetizado en gustos y emprendimientos. Ambos se habrían asociado en negocio gastronómico en La Paz, Baja California Sur, cuya inauguración sería este mismo año.

El inventario nacional de lo militarizado, del CIDE y México Unido contra la Delincuencia, detectó que en los últimos 12 años al menos 227 funciones civiles han sido transferidas a las Fuerzas Armadas, lo que equivale a aproximadamente 74,000 millones de pesos. El incremento de poder económico implica mayor poder político… y mayor corrupción e impunidad. Entre la opacidad, el poder y el dinero, la militarización se ha convertido en un lucrativo negocio.