Sospechosas de sabotear al Tren Maya, Xcaret y Sac Tun —antes conocida como Calica— enfrentan sanciones de las autoridades federales, por afectar al medio ambiente.

Las actividades de ambas empresas, asentadas el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, han causado “una destrucción sin precedente” en esa zona de la Rivera Maya, operan sin autorización de las instancias federales y buscarían una resolución judicial de las controversias.

El gobierno federal cuenta con evidencia irrefutable, tanto de las alteraciones al entorno ecológico, atribuibles a los desarrolladores turísticos, como de la extracción ilegal de materiales en las inmediaciones de Puerto Venado, propiedad de Sac Tun.

El pasado fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un vuelo de supervisión sobre los tramos 5 y 6 de Tren Maya. Allí descubrió una embarcación en la terminal marítima. “Me habían dicho que ya no estaban extrayendo material. Me estaban engañando”.

Las negociaciones entre Vulcan Materials y el gobierno mexicano, de acuerdo al último reporte, avanzaban sin trompicones. El presidente y CEO de la firma, Tom Hill, confirmó hace una semana que ya contaban con el refrendo del permiso aduanal que le permitía continuar con sus actividades en Punta Venado.

A finales del 2021, las autoridades mexicanas no habían respondido la solicitud de refrendo presentada por los directivos de la filial mexicana de la empresa, afincada en Alabama. La última autorización fue expedida en el 2018 y a partir de este año, sólo contaban con permisos temporales, que debían ser renovado cada dos meses.

“Si el gobierno mexicano no emite futuros permisos aduaneros o toma cualquier otra medida que nos obligue a cesar nuestras operaciones en México, se verá comprometida en nuestra capacidad de abastecer a los clientes”, enfatizó el reporte anual 2021 de la firma.

Hace un mes, los representantes de Vulcan Materials aceptaron modificar sus planes de explotación del yacimiento de piedras calizas para desarrollar en su predio un proyecto ecoturístico de gran escala, siempre y cuando pudiera cumplir compromisos previamente adquiridos con sus clientes.

La edificación del centro turístico —concedieron—comenzaría de inmediato, en las áreas del terreno donde ya se agotaron las reservas de materiales pétreos. La firma extranjera puso a disposición de las autoridades mexicanas su reserva de materiales, para proveer al Tren Maya y al Corredor Interoceánico.

Sus instalaciones en Puerto Venado —ofrecieron—podrían utilizarse para la transferencia de materiales de construcción relacionados con el tren y los nuevos aeropuertos de la Península de Yucatán.

Las negociaciones entre las partes contemplaban incluso la ampliación de la terminal marítima, para recibir buques de pasajeros, de carga y navales a partir del 2024.

En el Palacio de Covián están los borradores del acuerdo vinculante, cuyo cumplimiento está supeditado al cierre del arbitraje internacional iniciado por Vulcan Materials en diciembre del 2018, por el cierre de operaciones en las canteras de Playa del Carmen y el embargo de las reservas de material pétreo no obstante la validez de su concesión sobre cuatro lotes y la propiedad de las reservas de piedra caliza.

La primera audiencia de ese mecanismo —amparado por el T-MEC— ocurrió en julio del 2021 y la segunda ocurriría en el segundo semestre de este año.

La resolución de esa controversia, así como la firma de un acuerdo vinculante, estaban supeditados —de acuerdo a los voceros de la compañía— al cumplimiento de una condición: que las autoridades mexicanas les permitan cumplir con los compromisos adquiridos con sus clientes, tanto en México como en el extranjero.

Efectos secundarios

RESPALDOS. Ahora que la política pública contra las adicciones ha recaído en una incesante propaganda alarmista y desenfocada, el reconocimiento a la trayectoria de María Elena Medina Mora y Manuel Ruiz de Chávez, otorgado por la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, resalta el papel de la comunidad médico-científica para atender a las poblaciones vulnerables. Y para revalorar la acción de las organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Gonzalo Río Arronte, en el combate a las drogas.