El nuevo tratado comercial para América del Norte cumplió un año en vigor la semana pasada, y el cumplimiento de las obligaciones en materia laboral es uno de los asuntos que necesariamente deberá resolver la parte mexicana. Las empresas estadounidenses y canadienses con filiales al sur del Río Bravo tendrán necesariamente que suscribir contratos con organizaciones sindicales que tengan plena legitimación.

Los trabajadores del apartado B del Artículo 123 constitucional —es decir, los empleados al servicio de los órdenes de gobierno y los órganos autónomos— también deberán sujetarse a las nuevas reglas. Entre los sindicatos de burócratas el más numeroso sería el gremio magisterial, que de acuerdo a estimaciones recientes, contaría con una membresía de 1.2 millones de afiliados —entre docentes y administrativos— en sus 60 secciones sindicales. Otro medio millón de trabajadores de la educación forman parte de sindicatos estatales a lo largo de la República Mexicana.

La pandemia ha frenado la renovación obligada de las dirigencias seccionales y de la directiva nacional, encabezada por Alfonso Cepeda Salas. Pero también los litigios interpuestos por corrientes sindicales contrarias al secretariado general, que hace dos años emprendió una renovación ad hoc, en preparación a una eventual ratificación.

La inexistencia de un padrón confiable y de un órgano electoral independiente de la facción dominante, son los principales obstáculos en la renovación del SNTE, cuya validez dependerá de un proceso válido en el marco del nuevo T-MEC.

Cepeda Salas no debe ser juez y parte en los procesos de selección de las dirigencias, exige el Movimiento para la Transformación Sindical del SNTE, un conglomerado con presencia en 30 entidades federativas convocado por Ricardo Aguilar Gordillo, de Chiapas.

Su vinculación —incluso familiar— a la exlideresa vitalicia del SNTE, Elba Esther Gordillo podría ser su principal debilidad, pero ha resultado su principal fortaleza, junto con una agenda democratizadora que ha tomado relevancia, tras de la renovación del contrato colectivo entre la secretaria Delfina Gómez y Cepeda Salas.

Los objetivos de este frente democratizador del SNTE —como consta en el documento signado por los dirigentes gremiales— son construir un sindicato moderno, “que vele por los auténticos intereses y defienda los derechos de sus trabajadores y esté a la altura de los momentos de transformación que vive México”.

Su cumplimiento —sostienen— depende de la refundación del SNTE sobre nuevas bases legales. Esto implica una reforma estatutaria para garantizar la democracia, la transparencia, la inclusión y la diversidad.

Y sobre todo, depende de que haya un piso parejo por parte de las autoridades correspondientes, antes y durante los procesos selectivos seccionales y nacionales. Y la única forma de garantizarlo es que las dirigencias no tengan acceso a las cuentas bancarias del sindicato.

La democracia en el SNTE —insisten— depende de la instauración de mecanismos confiables que eviten cualquier manipulación del sufragio y los resultados. Pero sobre todo requiere la visoría del gobierno, para impedir la intromisión de cualquier fuerza externa. Las fechas para las elecciones, empero, no están próximas.

Efectos secundarios
CERTEZAS. La reforma energética en el sexenio peñista permitió a la CFE entrar de lleno al mercado de comercialización de combustibles, particularmente gas licuado. Y el entonces director de la paraestatal, Enrique Ochoa Reza encargó esos asuntos a Fernanda Somouano y Guillermo Turrent, quien es uno de los señalados en una investigación periodística realizada por El País, de España, sobre la empresa Whiteater Midstream, mismos que estarían en la mira del gobierno federal. “Vamos a emprender acciones, tanto civiles como penales, para denunciar actos y hechos de naturaleza ilegal en detrimento del Estado mexicano”, aseguró el vocero de la empresa productiva, Luis Bravo Navarro.

IMPACTOS. David Razú hizo público en las redes sociales su agradecimiento al personal médico del IMSS después de concluir una hospitalización, por Covid-19. El director general de la Afore XII-Banorte se cuenta entre los 100,000 trabajadores de la institución que dirige Zoé Robledo afectados por el coronavirus SARS-CoV-2 desde que inició la pandemia. La tasa de letalidad es del 1 por ciento.

REFUERZOS. Maribel Quiroga retoma las actividades en el sector privado, después de su exitosa incursión en el mundo editorial con El turno es nuestro (Planeta, 2020) y ahora ayudará a la interlocución de los industriales de los vinos y los licores con el gobierno y los sectores sociales. Este semestre también vio el regreso al sector privado de Andrés Masseu Fernández, quien después de colaborar con el gobernador mexiquense, Alfredo Del Mazo, toma las riendas de la ANPRAC, la cámara que aglutina a la industria mexicana de bebidas carbonatadas.